La asociación ecologista Bierzo Aire Limpio sostiene que la central de biomasa proyectada por Somacyl en Ponferrada “ha quedado obsoleta, es ilegal y va camino de convertirse en el algarrobico leonés”.
El colectivo ecologista considera que el discurso mantenido por la Junta “carece de rigor” y traslada a la ciudadanía “una versión distorsionada de los hechos”, especialmente en lo relativo a la situación judicial del proyecto.
Desde Bierzo Aire Limpio recuerdan que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León dictó sentencia en la que vuelve a anular las principales licencias de la central de calor, reiterando —según subrayan— la ilegalidad del proyecto.
Para la asociación, no es admisible que desde la Junta se califiquen como “palos en las ruedas” las acciones judiciales emprendidas por colectivos ciudadanos. “No estamos ante opiniones, sino ante resoluciones judiciales que constatan infracciones graves del ordenamiento jurídico”, sostienen.
Entre esas supuestas irregularidades mencionan el “fraccionamiento artificioso del proyecto”, la vulneración de normativa ambiental, la falta de cobertura urbanística adecuada y problemas relacionados con el derecho a la información pública.
Además, apuntan que "la administración ha perdido todos los juicios relacionados con la red de calor de Ponferrada”, afirman.
Bierzo Aire Limpio recuerda que ya hubo sentencias en 2020 y 2021 que declaraban ilegal el proyecto y que posteriormente el Ayuntamiento de Ponferrada volvió a autorizar la instalación para intentar continuar las obras. Esa nueva autorización, apuntan, también fue anulada judicialmente en julio de 2025.
Actualmente existe un recurso de apelación pendiente de resolución.
En el plano medioambiental, Bierzo Aire Limpio rechaza que la biomasa pueda presentarse como un sistema “moderno” y cuestiona los beneficios ambientales de la central.
La asociación sostiene que se trata de una tecnología “basada en la incineración de biomasa” cuyos efectos sobre la calidad del aire y la salud pública están “ampliamente documentados”, especialmente por las emisiones de partículas finas y otros contaminantes atmosféricos.
“Presentarla como una solución avanzada contribuye a banalizar sus riesgos y a ocultar un debate científico que cada día analiza mejor sus efectos sobre la salud”, apuntan.
El colectivo concluye reclamando transparencia institucional y recordando que el futuro del proyecto sigue condicionado por la vía judicial.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad: un juez ha declarado ilegal este proyecto confirmando dos sentencias anteriores en la misma línea y su futuro depende todavía de un recurso pendiente”, concluyen.