La Asociación Bierzo Aire Limpio (BAL) ha presentado un Escrito de Ampliación de Denuncia ante la Fiscalía de la comunidad autónoma de Castilla y León, en el Tribunal Superior de Justicia con sede en Burgos, dentro de las Diligencias Preprocesales 9/2025. La organización aporta nueva documentación que, según sostiene, refuerza su denuncia inicial contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios forestales que afectaron a León y otras provincias durante el pasado verano.
El escrito solicita que se investiguen posibles omisiones o actuaciones irregulares en materia de prevención, vigilancia y gestión de los medios de extinción por parte de la administración autonómica.
Entre las evidencias remitidas, BAL destaca datos obtenidos en sede parlamentaria durante el pleno extraordinario de las Cortes del 29 de agosto de 2025, que apuntan a que solo se había ejecutado el 48 % del presupuesto de prevención a esas alturas del año. La organización considera especialmente preocupante esta cifra al encontrarse Castilla y León ya inmersa en la Época de Peligro Alto de incendios, comprendida entre el 12 de junio y el 12 de octubre, según el Plan INFOCAL.
Incumplimiento de plazos y falta de planificación
La ampliación de la denuncia también señala un incumplimiento doble por parte de la Administración autonómica. Por un lado, apunta a que la Junta exige a los particulares tener sus fincas limpias antes del 1 de junio, mientras que los trabajos preventivos en montes públicos no habrían sido ejecutados en los plazos establecidos. Por otro, BAL recuerda que los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) no se han aprobado ni actualizado en más de 15 años, contraviniendo el artículo 35 de la Ley de Montes de Castilla y León. Estos planes, subrayan, son herramientas esenciales para la prevención estructural de incendios.
Riesgo para la salud
La asociación sostiene que la falta de prevención y las deficiencias del operativo de vigilancia y extinción agravaron los efectos de los incendios, que causaron la muerte de cuatro personas —tres civiles y un trabajador del operativo—, además de importantes daños ambientales en espacios de la Red Natura 2000 y en zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad. También señalan el riesgo severo que supuso para la salud pública.
BAL recuerda que los fuegos se produjeron bajo condiciones meteorológicas previsibles, como tormentas secas, y en Zonas de Alto Riesgo (ZAR). “En su planificación acertaron de lleno con los territorios que tenían alto riesgo de arder porque son precisamente los que han ardido”, señalan desde la organización.La entidad considera que los hechos podrían constituir infracciones administrativas graves y, además, tener posible relevancia penal, al encajar, según su interpretación, en una “dejación dolosa o gravemente imprudente del deber de garante”.
Por ello, solicita a la Fiscalía que investigue las fechas y el alcance real de las labores preventivas ejecutadas en 2025, así como la dotación efectiva de medios humanos y materiales desplegados en zonas como El Bierzo y otras comarcas afectadas por los incendios.
La Asociación Bierzo Aire Limpio afirma que mantiene su compromiso con el esclarecimiento de lo sucedido para que se depuren responsabilidades por la catástrofe ambiental y humana del pasado verano.