La delegación en Ponferrada del Colegio de la Abogacía de León ha expresado su preocupación por los problemas derivados de la implantación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial y de la entrada en funcionamiento del Tribunal de Instancia, operativo desde enero de este año.
La presidenta de la delegación berciana, Ana Garnelo, aseguró que la nueva normativa “trae más problemas que ventajas” y reconoció que la situación actual en la Administración de Justicia resulta en ocasiones “caótica”, especialmente por las dificultades tecnológicas y la falta de recursos con las que, a su juicio, se está aplicando la reforma.
“No es solo un problema de nuestro partido judicial, pero aquí también sufrimos la falta de medios con los que debería haber venido acompañada esta ley”, afirmó.
Garnelo recordó que Ponferrada partía de una situación “privilegiada” respecto a otros territorios, ya que contaba desde hace años con Oficina Judicial implantada, expediente digital y experiencia previa en el uso de plataformas como Lexnet. Sin embargo, lamentó que todo ello no haya servido para garantizar una transición fluida ni para mejorar las condiciones de trabajo o la atención al ciudadano.
La representante de la Abogacía sí reconoció avances en algunos órganos judiciales, especialmente en la sección segunda de instrucción (juzgado de violencia de género) donde se ha incorporado un refuerzo y está prevista la llegada de una nueva titular en junio para aliviar la elevada carga de trabajo existente, especialmente en asuntos relacionados con violencia sobre la mujer.
Uno de los aspectos que más inquieta al colectivo es la tendencia a centralizar servicios judiciales en León, una situación que, según advirtió Garnelo, ya está provocando desplazamientos de detenidos y víctimas fuera de sus territorios de origen, aunque El Bierzo, de momento, esquiva esa problemática. “Estamos perjudicando al destinatario final de la Justicia en ámbitos especialmente vulnerables”, señaló, alertando del riesgo de generar “una justicia a dos velocidades” que dificulte el acceso de la población rural a los órganos judiciales.
Por su parte, el diputado de Gobierno y vicepresidente de la delegación, Pablo Soto, insistió en que el problema no reside en la falta de implicación de los trabajadores, sino en la ausencia de medios suficientes para aplicar correctamente la reforma. “Faltan ladrillos para levantar el edificio”, resumió.
Soto calificó además de especialmente “caótica e insostenible” la situación del juzgado de Villablino, donde denunció carencias de personal y problemas continuos relacionados con el expediente digital y los nuevos sistemas informáticos implantados. “Los visores funcionan cuando funcionan y eso genera una disfunción generalizada”, explicó, criticando además que la digitalización de la Justicia se esté desarrollando de manera desigual entre territorios.
El colectivo también alertó del incremento de retrasos en señalamientos y procedimientos judiciales, una situación que afecta especialmente al turno de oficio y a la justicia gratuita.
En relación con la denominada “pasarela RETA”, el paso de los mutualistas a la Seguridad Social aun por aprobar, tanto Garnelo como Soto defendieron la necesidad de encontrar una solución para los mutualistas afectados, especialmente los profesionales ya jubilados, que podrían quedarse sin pensión. Reconoce Soto que "es de justicia" puesto que se partía de una situación legal, la de estar en la mutualidad de justicia que tras el cambio dejaba desnudos a los que habían cotizado en ella.
Actualmente, la delegación berciana del Colegio de la Abogacía cuenta con unos 250 colegiados, de los cuales cerca de 80 forman parte del turno de oficio, incluidos 30 especializados en violencia sobre la mujer.