Los grupos parlamentarios del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León se unieron este lunes para limitar la publicidad institucional de los medios de comunicación de Castilla y León. En concreto, se topará al 33 por ciento del importe neto de su cifra anual de negocio, algo que contó con el voto en contra del Partido Popular, quien acusó a los partidos políticos de tratar de “censurar” a los medios, con un deseo de “amordazarlos” e “intimidarlos”.
Cerrado el debate en la Comisión de la Presidencia, con la aprobación de 34 de las 38 enmiendas presentadas, el texto definitivo será debatido en el pleno después de la proposición de la ley, registrada hace más de un año por el procurador leonés Pablo Fernández (Unidas Podemos) y tomada en consideración en diciembre. Por lo tanto, queda listo para que se trate por el pleno de la Cámara, en principio en este periodo de sesiones, en la última sesión ordinaria del 24 y 25 de junio.
Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, Nuria Rubio, y de Vox, Miguel Ángel Suárez Arca, reconocieron que la mayor parte de las transacciones pactadas entre PSOE y Vox son “acuerdos de mínimos”, aunque el deseo de ambos era que los textos fueran “más amplios” pero apuntaron estar “conformes”, tras la cesión de “todas las partes” y dejar de lado sus “percepciones”.
En concreto, no hubo acuerdo entre el PSOE y Vox en las enmiendas que fomentaba la igualdad entre hombres y mujeres ni en cuanto a los temas ideológicos, en relación a la opinión de la comunidad científica. En cambio, salieron adelante textos que recogen que la publicidad institucional busca transmitir a los ciudadanos mensajes veraces y de interés público para garantizar la eficacia de las políticas públicas y evitar la publicidad institucional en los medios que han sido condenados o pseudomedios que han difamado y publicado informaciones inexactas.
Suárez Arca aseguró que es “necesario” fijar unos “límites” a lo que debe ser la aportación de la publicidad institucional, que pasa por tener en cuenta los resultados de los medios de comunicación privados. “La libertad depende, necesariamente, de la independencia. Uno es libre si es independiente y el primer paso de la independencia es, probablemente, la economía”, expuso.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio sacó adelante una enmienda para dotar de mayor seguridad jurídica al ejercicio de las actuaciones relativas a la publicidad institucional, ya que no se podrán llevar a cabo acciones ajenas a las competencias y las atribuciones propias de las administraciones que las llevan a cabo.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel García Nieto, acusó a Vox de “censura sideral” al proponer un tope máximo de la publicidad institucional, que se limita al 33 por ciento de la cifra de negocio del medio, lo que, a su juicio, beneficiará “exponencialmente” a los grandes medios y perjudicará a los pequeños. En este sentido, puso el ejemplo del diario El País, que con una facturación de 105 millones, se podría contratar con ese periódico 34,6 millones aunque no sea el mayor medio de penetración en la Comunidad, mientras que con un medio pequeño, con una gran penetración en una comarca pero que facture 100.000 euros, solo se podría contratar 33.000 euros. “Un disparate”, concluyó, tras comprobar que la enmienda salía adelante con los votos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto.
Por su parte, Francisco Igea, del Grupo Mixto, apoyó la propuesta de Vox al señalar que hay que “garantizar” la independencia de los medios y no coartarlos por la administración pública, a base de subvenciones y campañas de publicidad. “Los medios tienen que seguir siendo independientes, libres y veraces. Uno es más libre cuanto menos depende de la voluntad de la administración”, manifestó. Por lo tanto, defendió que la enmienda, que apoyó, va a favor de la libertad, la veracidad y en contra del control de la administración pública.