La Junta de Castilla y León presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de migrantes como avanzó hace una semana al iniciarse este procedimiento social habilitado por el Gobierno. Además, censura su aplicación ya que entiende que este proceso se está llevando a cabo con “ciertas dificultades en España” a la vista de las “colas” que se han generado a la hora de realizar los diferentes trámites previstos.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comunicó la decisión de recurrir el Real Decreto de la regularización al Supremo por ser la vía “más oportuna”, lo que recordó no exige un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León, ni tampoco que pase por la reunión de los jueves de todos los miembros del Ejecutivo.
En ese sentido, Fernández Carriedo expuso que se ha encargado un informe a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige en funciones la vicepresidenta Isabel Blanco que servirá de “base” para la redacción del recurso que elaborarán los servicios jurídicos de la comunidad gobernada por el PP.
Asimismo, el consejero portavoz reiteró que emprenden la vía judicial, junto a otras comunidades del PP, como trasladó hace una semana, al entender que puede colisionar con la normativa europea en relación a la libre circulación de las personas en todo el territorio de la Unión Europea.