La Junta de Castilla y León, los principales sectores productivos, los agentes del diálogo social y los partidos políticos fraguaron este martes un amplio consenso, apelaron a la unidad y colaboración con el Gobierno y la Unión Europea y coincidieron en reforzar las medidas para proteger a las empresas ante la imposición de aranceles por Estados Unidos.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo hoy una reunión, primero, con los sectores productivos más afectados, sindicatos, patronal, cámaras de comercio y opas y, después, con los representantes de los partidos con presencia en las Cortes para articular los pasos ante el impacto y la evolución de los gravámenes anunciados por Donald Trump.
Las reuniones se cerraron con un consenso básico, como explicaron el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y los portavoces que comparecieron después, del que solo se desmarcó Vox, que, en esta ocasión, sí acudió a la cita con Fernández Mañueco.
“El objetivo del presidente de la Junta es fortalecer la unidad, la participación y la colaboración”, resumió el titular del área económica, que recordó las primeras medidas puestas en marcha con 16,5 millones y no descartó fondos adicionales y un esfuerzo económico, aunque precisó que antes se deben conocer las necesidades de las empresas en próximas reuniones sectoriales.
Fernández Carriedo recalcó que las medidas se centran en reforzar la internacionalización, como abrir nuevos mercados, y en la competitividad y apuntó a contar con los recursos de los tributos arancelarios que imponga la Unión Europea, aunque también destacó que hay un margen de 90 días anunciado por Trump antes de aplicar los aranceles tipo anunciados.
También, hubo coincidencia en la preocupación por el impacto que pueden suponer los aranceles para sectores de Castilla y León con un peso importante en las exportaciones de productos agroalimentarios, ganaderos, vino, automóvil, bienes de equipo o la industria farmacéutica y química, junto a la incertidumbre por la evolución de los mercados.
Presupuestos
En el marco de la reunión, tanto el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, como el portavoz de Vox, David Hierro, y el procurador de Soria Ya Ángel Ceña pidieron a la Junta que presente los nuevos presupuestos adaptados a la situación actual con el impacto que generen los aranceles.
En concreto, Carlos Martínez incidió en contar con nuevas cuentas para desbloquear los 300 millones de euros que están contemplados en el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria y abrir una mesa sectorial de la automoción, con todos los agentes implicados. “Sin presupuestos no hay capacidad, ni margen de maniobra, no está el marco ni la herramienta”, resumió Hierro, que minimizó las medidas de los 16,5 millones aprobadas por la Junta y pidió menos “ocurrencias”.
En la misma línea, se manifestó Ángel Ceña para contar con los presupuestos, a la vez que subrayó la necesidad de atender a sectores más perjudicados por los aranceles, idea en la que abundó el ‘leonesista’ Carlos Javier Salgado.
Observatorio
CCOO y UGT, a través de sus máximos dirigentes Vicente Andrés y Óscar Lobo, demandaron la constitución de un “observatorio” en marco de la Mesa del Diálogo Social para abordar la evolución de la “crisis” de aranceles de Estados Unidos, al asegurar que es un órgano con “experiencia” y “bagaje positivo” para abordar este tipo de situaciones, tal y como se comprobó con la pandemia del COVID.
Sin embargo, rechazaron la petición de la Junta al Gobierno de España de la rebaja del impuesto de sociedades y las cotizaciones de las empresas para hacer frente a la subida de aranceles, al considerar que supone “atentar” contra el sistema público de pensiones.
A la prudencia, serenidad, a no tomar las decisiones corriendo y a la calma apelaron el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; el director de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, y el presidente del Consejo de Cámaras, Antonio Miguel Méndez Pozo.
Ayudas directas
Asaja, Upa-Coag y Unión de Campesinos abogaron por ayudas directas para los sectores más perjudicados por los aranceles, pero siempre desde la unidad y de manera consensuada, ordenada y razonada para que no se vuelvan en contra de las exportaciones españolas y comunitarias.
El presidente de Asaja-CyL, Donaciano Dujo, subrayó que el sector agrario no puede bajar precios dado que están compensados porque se pone en el mercado productos, como el vino verdimiado en cosechas anteriores, o el jamón que procede de un cerdo producido con una anterioridad.
Tanto Lorenzo Rivera (Upa-Coag) como Valentín García (Unión de Campesinos Valladolid) defendieron los estándares de calidad de los productos tanto de Castilla y León como europeos por lo que son algo más caro y demandaron que las ayudas sean para los productores a título principal.
La política arancelaria anunciada por EEUU puede tener un impacto significativo sobre la economía de Castilla y León, especialmente en sectores clave como la automoción, que representa cerca del 40 por ciento de las exportaciones de la Comunidad, el vino, la agroalimentación, los bienes de equipo, las industrias metálicas y el sector químico-farmacéutico.
Ante ello la Junta aboga por un seguimiento puntual en las exportaciones directas de Castilla y León a Estados Unidos, que suponen en torno al tres por ciento del total de las ventas de la Comunidad al exterior, según los últimos datos del mes de marzo; por otro lado, en las exportaciones indirectas a través de otros países de la Unión Europea que comercian con Estados Unidos.
Por último, consideró que se deben analizar los cambios en los flujos globales de importación y exportación de países que habitualmente vendían al mercado estadounidense y que, en la actualidad, buscan nuevos destinos, con el consiguiente perjuicio para la competitividad de Castilla y León en esos mercados.