El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, anunció este lunes que la Junta pondrá en marcha planes de retorno y procesos de repatriación para los "inmigrantes ilegales" que se encuentren en la comunidad, sin dar más detalles al respecto y teniendo en cuenta que las deportaciones son competencia del Estado y deben ser autorizadas por la Policía Nacional.
Además de anunciar la puesta en marcha de "pruebas de edad" para los menores no acompañados que se encuentran en centros de Castilla y León y de procesos para comprobar si tienen familiares viviendo en España.
Pollán, que realizó estas declaraciones tras mantener una entrevista con responsables autonómicos de Cáritas, adelantó que también se auditará todo el gasto público de la comunidad en inmigración ilegal y se dejará de habilitar espacios para menores, a la vez que se endurecer el régimen interno de esos centros, “donde tenemos que respetar y valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros, para que no sufran las situaciones que están padeciendo”.
