El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en sesión plenaria y de manera inicial la nueva Ordenanza de Movilidad. El texto, que se someterá a un periodo de información pública de 30 días para la presentación de reclamaciones antes de recibir el visto bueno definitivo, ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno del PSOE y del grupo municipal de la UPL. Por el contrario, PP y Vox han votado en contra de la nueva normativa, mientras que el concejal no adscrito, Ildefonso del Fueyo, se ha decantado por la abstención.
Más que en el contenido de la nueva ordenanza (que aglutina las de tráfico, uso de la bicicleta y circulación por el casco histórico, además de regular la Zona de Bajas Emisiones), el debate político se ha centrado principalmente en la sentencia del TSJ que daba la razón al grupo municipal del PP y suspendía cautelarmente los bandos que limitaban la circulación en las nuevas zonas peatonales que el Ayuntamiento ha acometido estos años por no contar con el correspondiente marco normativo. Todo pese a que dichas limitaciones aún no se habían hecho efectivas ni se había comenzado a multar por el retraso en la tramitación de las autorizaciones para los vehículos que sí podrán acceder a estas zonas peatonales.
Tanto el concejal de Movilidad, Vicente Canuria, como el portavoz de la UPL, Eduardo López Sendino, han defendido que la aprobación inicial de la ordenanza sirve precisamente para solventar el problema detectado por el TSJ, que se centra en unas medidas cautelares y no en el fondo del asunto. Sin embargo, el portavoz del grupo municipal del PP, David Fernández, ha defendido que la normativa nace "viciada de nulidad" y ha pedido sin éxito que quedase sobre la mesa.
Ha sido Canuria el encargado de abrir el debate sobre una ordenanza que, a su juicio, hará de León una ciudad “más sostenible, moderna, segura, accesible, cómoda y saludable”. Ha recordado además que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones es una exigencia legal para todos los municipios de más de 50.000 habitantes y que ello no va a suponer restricciones adicionales a la movilidad salvo que se superen unos niveles de contaminación que no se han dado hasta el momento.
Mientras, el portavoz del PP ha cargado contra el “engaño” de los proyectos de calmado de tráfico que acabaron siendo peatonalizaciones, contra la “chapuza” en su ejecución, que ha derivado en un “caos circulatorio” en el centro por la falta de aparcamiento, y contra la “ilegalidad” dictaminada por el TSJ. “Sólo quiere dar cobertura legal a medidas injustificadas que restringen los derechos de los ciudadanos y deterioran el tráfico. Si fuera usted el gerente de una empresa, estaría despedido”, le ha espetado Fernández al alcalde de León, José Antonio Diez, quien le ha replicado que esté “tranquilo”. “Si gestiono tan mal, si soy un pésimo alcalde, si soy un desastre, usted debería estar encantado… si llegase a ser el candidato de su partido”, ha ironizado el regidor.
Por su parte, el portavoz de la UPL ha defendido defendió que la sentencia del TSJ “cacareada” por el portavoz del PP es precisamente lo que hace necesario aprobar la ordenanza. “O no se la ha leído, o no ha querido entenderla. Debería estar contento de que se solucione el problema que refleja la sentencia, porque dice que no se puede restringir el tráfico sin la debida cobertura de una ordenanza municipal”, ha agregado López Sendino antes de criticar que Fernández lamente la falta de aparcamientos al mismo tiempo que celebra que un informe de la Policía Local haya impedido que se amplíen las plazas en el paseo de Papalaguinda, tal y como propuso la UPL.
La portavoz de Vox, Blanca Herreros, ha cargado directamente contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que exige la ley. “Es una incongruencia en una ciudad que está libre de contaminación. Es sólo un instrumento restrictivo cuyo único fundamento es el cambio climático, esa patraña ideológica que defiende la izquierda a capa y espada”, ha argumentado la edil antes de defender que la mayoría de los leoneses se mueve en coche y de denunciar que la Zona de Bajas Emsiiones perjudica al comercio y a las personas mayores o con discapacidad