PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar Castilla y León, un pacto que vuelve a situar a ambas formaciones al frente del Ejecutivo autonómico y que ya genera opiniones enfrentadas entre los ciudadanos. La entrada de Vox en el Gobierno, las medidas anunciadas y cuestiones como la llamada “prioridad nacional” o la prohibición del burka en espacios públicos autonómicos han despertado dudas, apoyos y críticas entre los leoneses.
En la calle, la primera reacción de muchos ciudadanos es la prudencia. Algunos reconocen no tener una opinión formada sobre el acuerdo o no seguir de cerca la política autonómica. “No tengo grandes conocimientos políticos”, admitía una joven preguntada sobre si el pacto puede beneficiar o perjudicar a Castilla y León. Sin embargo, sí se mostró crítica con una de las medidas vinculadas al acuerdo, la prohibición del burka en espacios públicos: “Si no hace daño a otras personas ni limita la libertad de otras personas, debería permitirse hacer lo que cada uno quiera”.
Otros ciudadanos ven el acuerdo como una consecuencia lógica del resultado político. Mariluz, aunque residente en Madrid, considera normal que PP y Vox pacten si es la fórmula que permite formar gobierno. “Si no se juntan, no puede el PP hacer gobierno. Entonces, lógico que si los demás lo han hecho, ¿por qué no el PP?”, señaló. Asegura, además, que no le da miedo la presencia de Vox: “Vox es prácticamente PP, quitando algunas cosas”.
Frente a esa visión, también hay voces claramente contrarias. Virna afirma que el pacto no le gusta debido a que Vox no le genera confianza. “Me parece un partido suplemento”, explicó, comparándolo con otras formaciones que, a su juicio, han aparecido como complemento de los grandes partidos. Aun así, no cree necesariamente que el acuerdo vaya a perjudicar a la comunidad, pero sí sostiene que España debería estar gobernada por “un partido de derechas como es el PP”, sin necesidad de Vox.
También hay quienes consideran que el pacto era previsible, aunque no deseable. Carlos asegura que preferiría un acuerdo entre PP y PSOE antes que una coalición con Vox. Su principal petición al nuevo Gobierno autonómico es clara: “Que no recorten libertades y derechos”.
“Creo que va en contra del principio de igualdad y de justicia que nuestra Constitución debería garantizar”
Una de las cuestiones que más inquietud genera entre algunos entrevistados es la denominada “prioridad nacional” en el acceso a determinadas ayudas o servicios. Manuel, vecino desde hace años en la comunidad, asegura que esa medida no le parece adecuada. “Creo que va en contra del principio de igualdad y de justicia que nuestra Constitución debería garantizar”, afirmó. Aunque reconoce que el pacto era “la solución más obvia” para formar gobierno, admite que la entrada de Vox le da miedo “indudablemente”.
No todas las opiniones contrarias entran en el detalle de las medidas. María rechaza directamente el acuerdo porque no simpatiza ni con PP ni con Vox. “No estoy de acuerdo. No me gusta ni PP ni Vox. Me gusta el PSOE, me gusta Pedro Sánchez”, señaló. Preguntada por qué le pediría al nuevo Gobierno, respondió que no le pediría nada porque no le gusta.
Entre los ciudadanos más jóvenes también aparece el desconocimiento político, aunque algunos sí se posicionan ante medidas concretas. Uno de los entrevistados reconoció no tener opinión sobre el pacto, pero sí rechazó la prohibición del burka: “Me parece mal. Que cada uno haga lo que quiera”.
Las respuestas recogidas muestran una calle dividida entre quienes ven el pacto como una fórmula necesaria para garantizar gobierno, quienes lo aceptan con reservas y quienes lo rechazan por la presencia de Vox o por algunas de sus propuestas. Más allá de las siglas, las principales preocupaciones apuntan a la defensa de derechos y libertades, el respeto institucional, el cumplimiento de las promesas y el impacto real que el nuevo Ejecutivo pueda tener en la vida de los ciudadanos.
El nuevo Gobierno autonómico arranca, por tanto, con opiniones encontradas entre los leoneses. Para unos, el pacto entre PP y Vox es una salida lógica para dar estabilidad a Castilla y León. Para otros, supone un riesgo político y social que habrá que vigilar de cerca durante los próximos años.