Unión del Pueblo Leonés ha optado por la máxima cautela ante la investigación abierta a la diputada provincial de Juventud y Deporte, Patricia Martínez Caño, y a dos funcionarias de la Diputación de León por la gestión de una ayuda del programa Vivienda Rural Joven.
«Desde UPL, máxima prudencia y respeto a la Justicia, como siempre. Dicho esto, los procedimientos en la Diputación tienen que ser ejemplares y escrupulosos. Si la Justicia corrobora irregularidades en la gestión, pediremos responsabilidades con absoluta firmeza, como corresponde», se limita a señalar la formación leonesista.
La declaración evita sin embargo una cuestión fundamental: la Justicia ya ha corroborado irregularidades en la actuación administrativa de la Diputación. Lo hizo una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que estimó íntegramente el recurso del solicitante, anuló su exclusión de la convocatoria, reconoció su derecho a cobrar la ayuda de 2.500 euros y condenó en costas a la institución provincial.
La sentencia no declara la existencia de ningún delito, algo que corresponde determinar ahora a la jurisdicción penal, pero sí contiene conclusiones suficientemente graves como para abrir el debate sobre las responsabilidades políticas. El magistrado apreció una «indudable indefensión material», cuestionó el cambio de argumentos empleado para excluir al solicitante y censuró que se intentase justificar retrospectivamente aquella decisión con actuaciones realizadas cuando la resolución administrativa ya era firme.
El fallo llega incluso a afirmar que incurre en «desviación procesal la fabricación de pruebas a posteriori para sostener retrospectivamente actos viciados». Pese a la contundencia de esta conclusión judicial, UPL habla en condicional y asegura que actuará únicamente «si la Justicia corrobora irregularidades».
Las irregularidades administrativas, por tanto, no son ya una hipótesis planteada solamente por el denunciante. Están recogidas en una sentencia firme contra la que no cabe recurso debido a la cuantía del procedimiento. Lo que permanece pendiente es determinar si esas actuaciones, además de ser contrarias a Derecho, pueden constituir delitos y si existe alguna responsabilidad penal individual.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León abrió diligencias previas al considerar que los hechos presentaban características que permitían presumir la posible existencia de un delito de falsificación de documentos públicos. La querella plantea además posibles delitos de prevaricación administrativa y denuncia falsa. Las tres investigadas ya han declarado y han negado cualquier actuación delictiva.
UPL confunde así —o decide confundir— dos planos distintos. Una cosa es respetar la presunción de inocencia y esperar a que la instrucción penal determine si se cometieron delitos. Otra muy diferente es renunciar a exigir explicaciones o responsabilidades políticas por una actuación administrativa que ya ha sido anulada judicialmente en términos especialmente severos.
La formación leonesista comparte el gobierno de la Diputación con el PSOE desde 2019 y sus votos resultan determinantes para sostener al actual equipo de gobierno. El pacto ha permitido a UPL ocupar la Vicepresidencia y asumir responsabilidades dentro de la institución. Esa posición le permitiría reclamar inmediatamente una investigación interna, revisar el funcionamiento del Servicio de Juventud o exigir explicaciones públicas a la diputada responsable. Sin embargo, ha preferido aplazar cualquier reacción hasta que concluya la vía penal.
Esa espera puede prolongarse durante meses o incluso años. Cuando exista una resolución penal definitiva, Patricia Martínez Caño podría haber abandonado ya su responsabilidad en la Diputación e incluso haber concluido el actual mandato. Supeditar toda responsabilidad política a los tiempos de la Justicia equivale, en la práctica, a garantizar que no habrá consecuencias políticas inmediatas.
No es la primera vez que UPL rebaja sus exigencias cuando está en juego la estabilidad de su acuerdo con el PSOE. La formación leonesista ha amenazado en distintas ocasiones con revisar el pacto, pero siempre ha terminado garantizando su continuidad. También ahora parece imponerse la conservación de las cuotas de poder y de los beneficios institucionales obtenidos gracias al acuerdo.
La querella plantea incluso que detrás de la exclusión del solicitante pudo existir una animadversión política y una voluntad de perjudicarlo, extremo que deberá ser investigado y que las afectadas niegan. Ante una acusación de semejante gravedad y una sentencia que ya acredita una actuación administrativa contraria a Derecho, UPL tenía la oportunidad de exigir transparencia y responsabilidades políticas sin prejuzgar el resultado penal, pero ha preferido mirar hacia otro lado para no poner en peligro un pacto con el PSOE del que continúa obteniendo importantes réditos económicos e institucionales.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.