El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes con el respaldo de todos los grupos políticos una declaración institucional para instar al Gobierno de España a aplicar las medidas necesarias para la eliminación del pago del peaje de la autopista Luna-Huerna (AP-66) y la recuperación inmediata de la concesión para transformar en gratuita esta vía de altas prestaciones y facilitar así las conexiones con Asturias.
El texto recuerda que la conocida popularmente como autopista del Huerna “constituye el eje principal de comunicación entre León y el Principado de Asturias” y que es “altamente frecuentada” como eje de salida de las mercancías leonesas hacia los puertos del Cantábrico. “El peaje en esta vía esencial para la actividad económica genera un agravio respecto a otros territorios sin gravamen y el establecimiento de bonificaciones no es suficiente, ya que aún son miles los vehículos que cada día recurren a las vías convencionales por el alto coste del canon”, argumenta la declaración institucional.
Es por eso que el Ayuntamiento considera de forma unánime que la liberación del peaje “tendría importantes consecuencias positivas para la comunicación entre la región leonesa y la asturiana, siempre conectadas y unidas por importantes vínculos históricos, económicos, sociales y culturales”.
“El mantenimiento del peaje en las vías de pago de la provincia de León supone un importante daño para la economía de la ciudadanía, complicando el desarrollo económico y demográfico del territorio y generando un agravio con otros territorios. Demandamos, por ello, la eliminación del pago para garantizar las mismas condiciones de movilidad que en otros territorios”, agrega el documento aprobado este viernes.
En definitiva, los grupos municipales consideran que la eliminación del pago del peaje en una vía en la que se producen cada año más de cuatro millones de desplazamientos “garantizaría una mayor seguridad en las comunicaciones, una reducción del tiempo de viaje y un incremento del número de conexiones, esenciales para el desarrollo económico de ambas regiones”.
Previamente, la exposición de motivos de la declaración institucional recuerda que fue en el año 1975 cuando se otorgó a Aucalsa la concesión de la autopista AP-66 por un plazo de 46 años, debiendo finalizar en octubre de 2021. Sin embargo, en el año 2021, alegando una decisión adoptada en el año 2000, el Gobierno de España acordó una prórroga de 29 años más, lo que extendió la concesión hasta el año 2050.
Por este motivo, restan todavía 25 años de la gestión privada y con ello de cobro por la utilización de la autopista. “Esta ampliación de la concesión, cuestionada por muchas voces ya en su momento, se realizó extendiendo el contrato existente, lo que llevó a la denuncia de las condiciones”, señala el texto antes de recordar que la Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía que llevaría este asunto ante la Justicia si no se modificaban estas concesiones, que son “contrarias a las normas de la licitación pública europea”, ya que los contratos de concesión “se vendieron a los concesionarios sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la directiva sobre contratos públicos, vulnerando de este modo la libre competencia que ha de regir las concesiones”.
En este sentido, la declaración institucional destaca que existen precedentes de la eliminación de las cuotas de paso, ya que entre los años 2018 y 2021 el Ejecutivo central eliminó el peaje de un total de 1.084 kilómetros de carreteras de peaje en Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana, alegando la seguridad en la comunicación y el aumento en el flujo de los vehículos en las vías convencionales debido al coste del pago, y coincidiendo con el fin de los contratos de adjudicación de la concesión.
Además, el Comisionado para el Corredor Atlántico indicó el año pasado que la eliminación progresiva de los peajes en las autopistas españolas se convertía en una “prioridad” para el Gobierno de España. Sin embargo, concluye el texto aprobado este viernes, dos tramos “esenciales” para las comunicaciones de los leoneses siguen gravados por las concesiones. Se trata de las autopistas que une León con Asturias (AP-66) y con Astorga (AP-71).