IU, por su parte, aseguró que «nuestro trabajo no es juzgar, sino ayudar a que Astorga levante el vuelo». Asimismo, a nivel político señalaron que, aunque los concejales del PP investigados pidieron la baja temporal de militancia siguen formando parte del grupo popular en el Ayuntamiento. «Con este gesto vemos que tienen más celo con su partido que con la ciudad, ya que lo que deberían hacer es dimitir, es un ejercicio de responsabilidad que beneficia a los intereses de la ciudad, porque los delitos que se están investigando son graves». También pusieron sobre la mesa la afirmación de que «se han firmado, incluso después de lo de darse a conocer la investigación, documentos con reparos de Intervención».
El alcalde, Arsenio García, explicó que la Enredadera es un caso que afecta a 44 ayuntamientos de España que comenzó en Badalona –la oposición aclaró que la de Astorga es una pieza separada–. También indicó que los documentos que la Udef se llevó llegan hasta 2010 y aseguró que «todo se ha tramitado acorde a la ley». García dio el dato de que desde 2010 a 2017 sehan licitado en el Ayuntamiento 90 obras a 49 empresas distintas, y Agema, una de las investigadas, consiguió cinco de ellas. «Todos los procesos de adjudicación son públicos y siempre se han dado a las mejores ofertas», manifestó. En lo que respecta al pliego, el regidor destacó que «no se ha licitado todavía porque queremos reducir el coste –presupuestado en un principio por más de un millón de euros anual– para no tener que subir los impuestos». En alusión a los gastos de Alcaldía, García recurrió a Intervención para que corroborara que no existía ningún reparo y que estaban justificados. Lo mismo hizo con Secretaría para dar cuentas de que «no existe ninguna irregularidad en los contratos». En alusión a seguir formando parte del grupo municipal del PP, añadió que «mi persona figurará como no adscrito y se tomarán las medidas oportunas según manda la ley», pero en ningún caso contempla la posibilidad de dimitir.
En San Andrés
También en el pleno de San Andrés se habló de la Operación Enredadera, con Juan Carlos Fernández, exconcejal de Ciudadanos, como foco de atención. Una vez más, el equipo de Gobierno reiteró que el Ayuntamiento de San Andrés «no tiene ninguna relación contractual con las empresas investigadas» en la causa abierta por el Juzgado número 2 de Badalona.Según explicaron, en el momento de los registros, el Consistorio tenía abierto un proceso de licitación del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas municipales, red semafórica (no relacionada con sistemas de fotorrojos) y bombas sumergibles al que se presentaron una serie de empresas, de las que una de ellas está afectada por esta causa.
"¿Y qué pasa con López Benito?"
«Conociendo la situación de investigado y siendo conscientes también que tras la próxima declaración en septiembre del concejal, ésta no modificará su estado actual hasta la finalización del proceso de instrucción, que se puede alargar desde seis meses hasta varios años», Gemma Villarroel preguntará este viernes en pleno al alcalde de León, Antonio Silván, si «piensa apartar de inmediato a López Benito y cumplir así con lo acordado y firmado con Ciudadanos en 2015». La líder de la formación naranja recordó así que dicho documento «le permitió ser alcalde de la ciudad y que en su punto número seis especificaba claramente que Silván se comprometía a apartar de cualquier cargo público a todo concejal imputado (ahora investigado) en casos de corrupción política».