UGT Castilla y León reprochó a los partidos políticos de derechas (PP, Vox y Junts) el veto a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, y exigió un sistema de control horario que evite el abuso de las horas extras.
Al respecto recordó que el debate de este proyecto responde a una demanda social masiva ya que dos terceras partes de la ciudadanía se ha manifestado a favor de reducir la jornada laboral en diferentes encuestas. Para UGT Castilla y León, estos grupos políticos que tumbaron la medida deberían “explicar a las 550.000 personas trabajadoras que sostienen a Castilla y León con su esfuerzo diario, a quienes afectaría la medida, por qué no quieren mejorar sus condiciones de trabajo”.
Al respecto, indicó que son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de los sectores más precarizados como la hostelería, el comercio o el transporte, entre otros, los que saldrían más beneficiados con la medida. Por eso, en opinión del sindicato, “la parte empresarial que se opone a esta medida lo que verdaderamente temen es el control del tiempo de trabajo real y, por tanto, de las horas extra no declaradas”. Al respecto, señaló que en Castilla y León, se registran más de 190.000 horas extraordinarias semanales no remuneradas, lo que equivaldría a crear casi 5.000 puestos de trabajo a jornada completa.
El vicesecretario de Acción Sindical, Alberto Miguel Lorenzo consideró que intensificar el control horario implica que a algunos se les acaba el “chollo” del trabajo gratis. "Parece que quieren que trabajemos doce horas, cobremos ocho y coticemos cuatro y ninguna persona trabajadora hace eso voluntariamente”, expresó.
Al respecto, UGTCyL instó al Gobierno a que saque adelante la reforma del control horario como respuesta al abuso de las horas extraordinarias no pagadas, que “obliga a que miles de trabajadores en Castilla y León prolonguen su jornada más allá de lo establecido sin recibir compensación”.
Al respecto, puntualizó que esta realidad convierte las 40 horas semanales en una ficción que oculta "sobrecarga, precariedad y explotación laboral”, y exigió que se apruebe de forma urgente un Real Decreto que regule “un sistema de registro horario moderno, digital y transparente, accesible en remoto por la inspección de trabajo y con acceso por parte de la representación de las personas trabajadoras”.