La Unión de Campesinos de Castilla y León señala que el gasóleo agrícola ha vuelto a encarecerse de forma inmediata en los días posteriores al estallido del conflicto en Oriente Medio, no respondiendo a factores de mercado sino a especulación. En este sentido, se está reproduciendo un patrón que el sector conoce demasiado bien: ante cualquier tensión internacional, los precios suben con rapidez; cuando la situación se estabiliza, las bajadas son lentas y parciales. “Ya lo conocemos. Cada vez que hay una crisis el gasóleo sube como la espuma y cuando se modera baja como una pluma y mientras tanto, el agricultor paga la factura de esta especulación y el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional que paga el campo”, señalan desde la organización.
La organización recuerda que, durante 2025, el precio del gasóleo agrícola osciló entre un mínimo de aproximadamente 1,080 euros por litro (media nacional) a mediados de junio, hasta un máximo de 1,18 euros por litro a finales de febrero. “Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 o pagarlo a 1,18 sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos. Habrá que ver en cuánto se pone ahora”, señala UCCL, recordando que en los meses siguientes al inicio de la guerra en Ucrania llegó a alcanzar los 1,7 €/litro.
El 25% del precio del gasóleo son impuestos y la devolución del IEH se produce demasiado tarde
Asimismo, señalan que, del precio total del gasóleo, aproximadamente un 25% son impuestos, fundamentalmente en concepto de Impuesto Especial de Hidrocarburos e IVA: “que ya es el colmo que cobren también el IVA del impuesto especial”, lamentan. Si bien es cierto que se aplica una devolución del IEH para el gasóleo agrícola, en realidad se devuelve muy tarde y solo aproximadamente la mitad del gasóleo agrícola consumido se beneficia de la misma por la complejidad del sistema.
UCCL teme que este encarecimiento del combustible, en general, no sólo el agrícola, se traslade a otros insumos como los fertilizantes o la energía eléctrica, con un incremento notable de los costes de producción. En este contexto, más que nunca, se debe velar por un correcto funcionamiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que debería garantizar que los precios a percibir por agricultores y ganaderos compensasen esas subidas.
Propuestas de la organización
La organización reclama del Gobierno, de la UE y de las Comunidades Autónomas que no esperen a tomar medidas cuando haya una crisis del sector desatada en toda su virulencia. “Estamos en un sector estratégico que exige actuaciones preventivas urgentes”.
Reclaman la imposición fiscal más baja posible para el gasóleo, una devolución acelerada del IEH y su posterior sustitución por un mecanismo de descuento en poste, un seguimiento riguroso de inventarios y márgenes en la cadena de suministro y, si se aprecia un riesgo real de interrupción del suministro de combustible, la utilización de las herramientas previstas para garantizar la estabilidad del mercado, incluida la liberación de reservas estratégicas.
Asimismo, reclaman la elaboración de un inventario energético sectorial que permita identificar consumos susceptibles de transición hacia fuentes renovables, con apoyo público suficiente y sin nuevas cargas administrativas.
“Si no se actúa con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria, y esto lo vamos a pagar el eslabón más débil, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo”.