El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una resolución con efectos inmediatos que suspende cautelarmente los bandos del alcalde de León, José Antonio Diez, relativos a la peatonalización de diversas calles del centro de la ciudad, como San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco o Ramiro Valbuena, entre otras. La sentencia estima el recurso presentado por el Partido Popular, que desde el inicio denunció la "ilegalidad" de las medidas del regidor y su carácter “unilateral, improvisado y sin cobertura legal”.
David Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, ha calificado la sentencia como “un golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde” y ha exigido que “se reviertan inmediatamente los cambios en el uso de estas vías, se paralice la ordenanza de movilidad prevista para este viernes y se asuman responsabilidades políticas por lo ocurrido”.
El alto tribunal reconoce en su fallo que los bandos emitidos por Alcaldía carecen del amparo legal necesario, ya que afectan directamente a derechos fundamentales como la libre circulación de los ciudadanos. La resolución, que tiene efectos ejecutivos inmediatos, detalla que estas restricciones requerían una ordenanza municipal aprobada en pleno y sometida a participación pública, algo que no ocurrió en este caso.
Un largo conflicto que ahora se judicializa
Fernández recordó que “han pasado ya 723 días desde que el alcalde comenzó a restringir el acceso a varias calles del centro sin base legal alguna”, y ha acusado a Diez de actuar “con prepotencia y desprecio a la legalidad”, en un proyecto de zona de bajas emisiones que tildó de “caprichoso, mal planificado y sin justificación técnica ni ambiental adecuada”.
“El alcalde ha mentido a los leoneses —afirmó—. Primero dijo que las obras eran para calmar el tráfico, y después de las elecciones impuso por decreto una peatonalización encubierta. Una medida innecesaria que ha convertido el centro en un infierno para los conductores, ha colapsado el tráfico, ha dificultado el aparcamiento y ha perjudicado a vecinos y negocios”.
Según el portavoz popular, estas decisiones se tomaron “sin debate, sin alternativas viables y vulnerando los derechos de los ciudadanos”, por lo que el PP recurrió inicialmente al Procurador del Común, quien ya en diciembre de 2023 emitió una resolución instando al Ayuntamiento a revertir la situación. “Le advirtió de la ilegalidad y el alcalde hizo oídos sordos. Respondió con desdén, como siempre, diciendo que los bandos eran suficientes. Ahora los jueces le dicen que no”, añadió.
El PP exige la retirada de la ordenanza y responsabilidades
Ante esta nueva situación, Fernández ha exigido a Diez que “retire del orden del día del pleno de este viernes la ordenanza de movilidad que pretende justificar a posteriori lo que se ha hecho mal desde el principio” y que “inicie un nuevo procedimiento ajustado a la ley, con diálogo y participación, no con decisiones personales tomadas desde un despacho”.
“Lo que no puede hacerse es legalizar ahora lo que fue nulo de pleno derecho. No vale maquillar las ilegalidades con una ordenanza que nazca viciada”, advirtió también el abogado del PP, Carlos, quien recalcó que “la sentencia es clara: estas medidas no pueden implantarse sin una ordenanza debidamente tramitada, con aval técnico, y respetando el proceso democrático”.
Carlos explicó que, desde el punto de vista jurídico, los bandos del alcalde “no tienen carácter normativo, son actos administrativos sin fuerza suficiente para restringir derechos”, por lo que han quedado suspendidos cautelarmente. En consecuencia, “las calles afectadas deben permitir de nuevo el acceso libre de vehículos, al menos hasta que exista un marco legal adecuado”.
“Diez estaría despedido en una empresa privada”
Fernández se mostró tajante en sus críticas y puso el foco en la responsabilidad política del alcalde: “Si esto fuera una empresa privada, Diez ya estaría despedido por su incompetencia, por los reveses judiciales, por los sobrecostes millonarios que genera su mala gestión y por su incapacidad para hacer funcionar adecuadamente los servicios municipales”.
A su juicio, el regidor no solo ha actuado de forma negligente, sino que ha causado “un grave perjuicio económico a miles de leoneses” y ha deteriorado la convivencia en el centro de la ciudad. “Ha gobernado como si León fuera su cortijo personal, imponiendo su criterio sin consensuar nada, ni con los concejales ni con la ciudadanía”.
Por todo ello, el PP exige que el Ayuntamiento revierta los cambios en las calles afectadas y que se abra una nueva fase de debate para diseñar una zona de bajas emisiones realista, legal y adaptada a las necesidades reales de León, basada en el diálogo, el consenso y el respeto a la legalidad.
Un aviso al resto de grupos políticos
El portavoz del PP también lanzó un mensaje a la Unión del Pueblo Leonés, a quien acusó de “ser cómplices necesarios de esta chapuza legal” y de “respaldar en la sombra al alcalde en decisiones claramente ilegales”.
“Es el momento de que se pongan serios con el alcalde. No se puede decir un día que su gestión es negligente y al día siguiente abstenerse en una moción de reprobación. Ya está bien de ambigüedades”, concluyó.