Fue el turno de ruegos y preguntas lo que provocó cierto escollo en el pleno ordinario de la Diputación de León de este mes de abril. En general fue rápido y ágil hasta cierto punto, puesto que no se dio vueltas a la misma cuestión durante excesivo tiempo y se basó en preguntas y respuestas directas. Un turno centralizado, sobre todo, en la gestión de la marca de Productos de León y en la nulidad que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado recientemente sobre la ordenanza fiscal de la tasa de tratamiento de residuos de la Diputación.
Aún así, previamente se aprobaron por unanimidad los 22 puntos previos que aparecían en el orden del día, destacando, entre otros, el plan anual de contratación de la Diputación y de los consorcios del Aeropuerto de León y del patronato provincial de turismo para 2026, así como la propuesta de resolución de la convocatoria del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025 (Pios 2025). Cabe destacar, además, que el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, confirmó que la directora general de Aena, Elena Mayoral, visitará León “la semana que viene o la siguiente” para abordar la viabilidad de una terminal de carga en la base aérea de la capital leonesa.
En este sentido, fue el diputado del Partido Popular, David Fernández Blanco, quien sacó a colación la cuestión judicial con el tratamiento de residuos por parte de la Diputación, a lo que le dio respuesta el portavoz socialista, Santiago Dorado Cañón. “El martes llegó la sentencia del TSJ de Castilla y León y declaró la nulidad de la ordenanza fiscal de la Diputación”, adelantó al respecto, no sin puntualizar posteriormente que, a pesar de la nulidad, le daba la razón a la institución en diversos puntos. “El demandante planteaba que la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular anulaba la competencia de la Diputación y eran los ayuntamientos los competentes para imponer esas tasas, donde el tribunal nos da la razón”, explicó. Y añadió un motivo más a favor de la Diputación: “Se argumentaba también que la ordenanza se había aprobado antes de obtener la competencia, porque la ordenanza se aprobó en diciembre de 2023 y la competencia pasaba a la Diputación el 1 de enero del año siguiente. El demandante decía que había que esperar, pero el tribunal estima que de haber esperado sería dejación de funciones”.
¿Dónde está entonces el problema? Cabe recordar que la Diputación decidió seguir prestando este servicio a través de una empresa privada con un contrato de concesión pública en lugar de “rescatar” el modelo para que fuese gestionado por ella misma. Y ahí está la clave: “El TSJ estima que no está suficientemente justificado en la memoria el modelo de gestión, porque la Diputación continúa con la UTE y no se entra a valorar otras formas de gestión del servicio porque rescatar la concesión daría lugar a indemnizaciones”, dijo el socialista. “No se considera suficientemnte justificada la argumentación de esa decisión, pero nuestros letrados ven claro un recurso de casación porque tiene muchas posibilidades de que prospere”, añadió asegurando que están “tranquilos” y que creen que hay “razones suficientes” para que se revoque el fallo del tribunal.
Ausencia de "transparencia" en Productos de León
El segundo de las cuestiones que marcaron el pleno fue la gestión de Productos de León, la marca dependiente de la Diputación para promocionar los alimentos más característicos de la provincia con sellos de calidad. Así, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, criticó la falta de transparencia y de resultados medibles de las campañas, además de poner en el foco la proyección internacional y comparar la actividad de la marca leonesa con otras de diferentes comunidades pero con el mismo fin. Todo ello en base a un estudio realizado por la Academia Leonesa de Gastronomía donde analiza puntos como el presupuesto, presencia en ferias internacionales, acuerdos con grandes distribuciones y redición de marcas. “Hay una preocupante ausencia de métricas públicas”, aseveró Olite, que a mayores preguntó por la existencia del padrón de empresas adscritas a la marca y de una memoria anual de actividades publicada.
Courel le pasó el testigo al vicepresidente y responsable de la propia marca gastronómica, Roberto Aller, cuya primera frase fue más que reveladora: “Me parece una tomadura de pelo”, espetó al tiempo que criticaba a la asociación que realizó el informe, porque “muchas cosas que dicen son rencillas”. “Hicieron publicidad de un concurso de torrijas en la provincia limítrofe mientras aquí se hacía el de La Bañeza. Eso es suficiente para que borraran el nombre de academia leonesa, que lo llamen de otra manera”, dijo Aller. “Si esos señores quieren analizar, que no lo han hecho, mucho de lo que dicen, tendrían que sentir vergüenza de ellos mismos”, añadió.
“A los que hoy representa dicen que no se negocia por los productos leoneses, pero hasta hace poco la única gran superficie que se hacia eco de ellos era E.Lecrerc y El Corte Inglés realizó una feria sobre ellos el año pasado que este 2026 repetirán durante un mes”, avanzó. “¿Eso no es trabajar por nuestros productores?”, se preguntó. Y puso ejemplos de ferias donde Productos de León estuvo presente: “Todas las promociones en la provincia son muy dignas de ver y se hacen gracias a las subvenciones de la Diputación. Las que se hacen fuera también: Sillera, Fromago, Bilbao, Asturias… ¿no son nadie? En todas estas ferias se da una gran visibilidad”.
“Este equipo de Gobierno defiende a los productores con uñas y dientes. Me parece muy bien que se traigan estas cosas a pleno, hay que traerlo todo y dar todas las explicaciones, pero hay cosas que no las merecen porque son una tomadura de pelo”, expresó duramente. Y finalizó: “Si algo hay en esta casa es rigor y transparencia. Si defiende la palabra ‘opacidad’ en esta casa sobre los trabajadores, si se une a eso, me parece denigrante. Hay que tener más rigor, ser más inteligentes y trabajar por lo nuestro”.