Solo 1 de cada 4 viviendas turísticas están registradas oficialmente

Las administraciones no hallan la fórmula para asimilar la oferta creciente de pisos y habitaciones particulares para los turistas

D.L.M.
24/02/2018
 Actualizado a 18/09/2019
El turismo está llamado a ser un motor de la economía local. | MAURICIO PEÑA
El turismo está llamado a ser un motor de la economía local. | MAURICIO PEÑA
La Junta de Castilla y León aprobó hace un año el decreto que pretendía llenar el vacío legal en el que se encontraban las viviendas turísticas que se alquilan en plataformas online como Airbnb. El intento regulador no ha tenido el efecto esperado y actualmente en el registro oficial en el que se deben inscribir este tipo de alojamientos solo figura la cuarta parte de los que se pueden encontrar en una rápida búsqueda en Internet. Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, en la provincia están registradas 91 viviendas de uso turístico (VUT), 72 de ellas en la capital leonesa. Solo en la plataforma antes citada aparecen 342 con teclear ‘León’ en el buscador. El incumplimiento del registro está generalizado, ante lo que la Administración ha redoblado esfuerzas para aumentar la presión inspectora y las sanciones. Cabe recordar, que el decreto 3/2017 prevésanciones que van desde los 9.000 a los 90.000 euros en función de la gravedad del incumplimiento de los preceptos aprobados. Entre ellos se encuentra la obligación de colocar el distintivo azul que se puede ver en esta página y que es muy difícil encontrar por las calles de León.

El TSJ anulaba la prohibición de cesión por habitaciones de la vivienda de uso turístico, establecida por la Junta No obstante, el decreto también ha sufrido algún que otro revés judicial. El pasado lunes se conocía que La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), anulaba la prohibición de cesión por habitaciones de la vivienda de uso turístico, establecida por la Junta, por considerar que dicha limitación al ejercicio de la actividad turística no se encuentra justificada por razones de interés general, ni de protección del consumidor o usuario turístico.

Mientras la ocupación hotelera cae y los hostales y pensiones de León se unen para defender sus intereses, el decreto parece haberse quedado corto para las pretensiones del sector y de la Administración autonómica. La propia portavoz de la Junta, Milagros Marcos, reconocía en la presentación del decreto que el objetivo de regular esta actividad encuadrada en la llama economía colaborativa obedecía a la necesidad de garantizar la "calidad y excelencia" en el servicio a los consumidores y a la persecución de la actividad clandestina. Un año después de la entrada en vigor del decreto esos objetivos todavía no se han conseguido y a las voces empresariales se unen voces de la política municipal para exigir una regulación más eficaz.

El grupo municipal de León en Común en el Ayuntamiento de León ha puesto el tema sobre la mesa de la Comisión de Urbanismo con la exigencia de una ordenanza sobre la cuestión. Alegan una posible competencia desleal respecto al sector hotelero tradicional, problemas de convivencia, la necesidad de evitar fugas de tributación y la posibilidad del incremento de los alquileres en las zonas más turísticas, lo que puede ‘expulsar’ a los vecinos de esos barrios por el efecto gentrificación(proceso por el que la población original de un lugar, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor, según explican).

Mientras tanto la oferta de viviendas de uso turístico se multiplica. En el último año se ha incrementado cerca de un 75% el número de las viviendas disponibles para los turistas, según las fuentes consultadas.

Homogeneizar la norma


La falta de eficacia para poner orden en la actividad de las viviendas de uso turístico en Castilla y León viene refrendada por declaraciones recientes de miembros del ejecutivo autonómico reclamando una homogeneización de la normativa en todo el territorio nacional y en todos los niveles de la Administración. El laberinto de la regulación de la actividad discurre por diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, con especiales problemas en las grandes ciudades, que parecen estar sirviendo de campo de ensayo para el resto de núcleo urbanos, a los que el fenómeno se va extendiendo de una forma más gradual. En este contexto, la gran apuesta de muchos gobiernos por el turismo choca con la organización de los particulares para obtener beneficio de ello. En un nuevo entorno para el regulador, el usuario, el propietario y el empresario los lugares de cada uno están por definirse.
Lo más leído