Un delito continuado de estafa sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de León a una mujer este martes 10 de octubre, a partir de las 9:30 horas, a la que el fiscal pide una pena de tres años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros. En mayo de 2018 la pareja de la acusada –en paradero desconocido– entabló relación con otra persona con la que coincidió en la puerta de un supermercado. Le dijo que estaba en una situación «de mucha necesidad», según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía, que su madre tenía cáncer y que él y su compañera sentimental, la acusada, tenían una hija de pocos meses.
Los motivos
Esta persona se comprometió a ayudarles en lo que pudiera y ambos mantuvieron «numerosos encuentros posteriores» en los que el hombre le pidió dinero prometiéndole que se lo iba a devolver y justificando su petición en diferentes motivos, como que tenía que pagar a abogados para que le asistieran en un juicio por la indemnización derivada de la muerte de su hermano en un atropello, un juicio por una herencia, para el pago de las tasas judiciales de esos procedimientos o que necesitaba dinero para viajes y desplazamientos a diferentes lugares. Le pidió también ayuda para abonar la manutención de su familia, para devolver préstamos, para el pago de dos funerales, gastos de hospitalización en Madrid, arreglos en la vivienda o para la compra de medicamentos para su madre.
En todas estas operaciones el escrito del fiscal señala que el hombre actuó con el fin de «obtener un enriquecimiento ilícito» y puesto de común acuerdo con su pareja, la acusada, que lo acompañaba y que en numerosas ocasiones solicitó dinero directamente a la víctima, tanto en persona como a través del teléfono. Así, consiguió que le entregara productos y diversas cantidades de dinero, para lo que «alegaba necesidades suyas o de sus familiares que no eran ciertas». Una vez recibían el dinero, el fiscal apunta que «las hacían suyas y no devolvieron cantidad alguna».
Pagos bancarios y en mano
El escrito de acusación cifra el importe total defraudado por la acusada y su pareja en 92.521 euros y recuerda que algunos de los pagos se realizaron en cuentas bancarias, pero en su mayoría en mano. Para el fiscal lo descrito constituye un delito continuado de estafa en el que considera que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y por el que solicita para ella una pena de tres años de cárcel y una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, más las costas derivadas del procedimiento.