Pablo Arraiza tomará posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de León el próximo día 10 de julio. A escasos días de convertirse en el representante de toda la provincia en materias judiciales, el magistrado hace balance de sus años como decano de los jueces de León. Ilusionado y motivado ante su etapa, promete trasladar al Ministerio una de las peticiones más urgentes: la tan deseada ampliación de la planta para hacer frente a la desmesurada carga de trabajo.
Esta problemática, que ha complicado su labor en los últimos años como decano, no ensombrece su visión positiva de la labor de los jueces leoneses. A pesar de las críticas que reciben desde la clase política, el nuevo presidente de la Audiencia ve esta persecución como algo positivo, una señal inequívoca de que están «haciendo bien su trabajo».
– ¿Qué balance hace de su etapa como juez decano de León?
– El balance es bastante positivo. Ha sido una época de muchos cambios que aún están en el aire. Recientemente, se ha producido la modificación del sistema de planta judicial. Esta ley ha supuesto la implantación de unos tribunales de instancia que están previstos que se desplieguen para finales de año. En general, ha sido un periodo de muchos cambios, tanto a nivel de planta como en el personal judicial. También ha sido un periodo de muchas dificultades para conseguir que todo el mundo esté trabajando. Se han producido bastantes bajas por enfermedad y muchas situaciones de traslados. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los aspectos más problemáticos. En el pasado, estas cuestiones no eran tan problemáticas como lo son ahora. En estos últimos años, ha habido un incremento muy importante de la carga de trabajo, sobre todo en los juzgados de primera instancia. Mi impresión es que esta sobrecarga está empezando a pasar factura a la salud de las personas que trabajan en planta.
En definitiva, el balance es muy positivo porque ha sido un periodo de decanato histórico. En estos últimos años, se ha producido un tránsito de un modelo de funcionamiento de tribunales a otro. Se trata de un aspecto que ha implicado muchas reuniones y carga de trabajo, pero fundamentalmente sería el punto a destacar de este periodo.
– ¿Qué supone para usted el nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial?
– Es un motivo de orgullo. Se trata de la máxima aspiración a nivel provincial de un juez en su carrera profesional. Evidentemente, ser la cabeza visible de todos los jueces de mi ciudad es un reto apasionante y un motivo de orgullo. Vivimos un momento de cambios importantes y una época en donde los tribunales ocupan muchas páginas de periódicos. Es inevitable no sentirse protagonistas de la actualidad diaria. Personalmente, presidir un órgano que a nivel provincial representa la cabeza visible del colectivo judicial es una enorme responsabilidad, pero también un gran reto para mí.
– ¿Con el nuevo cargo hay mucha más responsabilidad? ¿Quién es el encargado de gestionar la problemática de la carga de trabajo que comenta? ¿Sus atribuciones como presidente de la Audiencia serán otras?
– La gestión de las ausencias es un sistema compartido. En los decanatos de los diferentes partidos judiciales, el decano tiene la responsabilidad de encontrar una forma de sustitución voluntaria entre los jueces profesionales disponibles. Esta debe ser retribuida, pero lo cierto es que cada vez es más difícil conseguir que los jueces profesionales accedan voluntariamente a sustituir a las profesionales que están de baja, fundamentalmente por la elevada carga de trabajo que soportan. En el caso de que no sea posible, es el presidente de la Audiencia quien asume la responsabilidad de designar a los jueces sustitutos. En el contexto actual, la opción que queda es designar jueces no profesionales. Esta problemática no solo sucede en el Partido Judicial de León, sino en todos los partidos judiciales de la provincia.
– ¿Por qué sólo queda la opción de jueces no profesionales?
– Cuando no tenemos la posibilidad de encontrar una sustitución a través de un juez profesional, la ley prevé como última solución el llamamiento de jueces no profesionales. Se trata de unos empleados que ya figuran en un listado previamente aprobado por la sala de gobierno. En este caso, la designación de los jueces es responsabilidad del presidente de la audiencia.
– ¿Cómo se puede trabajar más para el colectivo de jueces, como juez decano o como presidente de la audiencia?
– El presidente de la audiencia trabaja para muchos más jueces que el juez decano, ya que su actividad abarca toda la provincia. Por tanto, la responsabilidad que tiene es mayor y las posibilidades de trabajar para los jueces es superior. Sin menoscabar la relevancia que tiene el juez decano en la realización de las tareas de cada día, la presidencia de la Audiencia tiene un mayor peso gracias a contar con un mayor altavoz a la hora de alcanzar las peticiones del Ministerio de Justicia. Un hecho clave para esta cuestión es que el presidente de la audiencia pasa a ser miembro nato de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. De esta forma, tiene una presencia permanente en el órgano que toma las decisiones y que hace las propuestas al Ministerio de Justicia acerca de todos los aspectos gubernativos, pero especialmente, sobre las reivindicaciones de medios personales que tanto necesita la provincia. A día de hoy, la gran reivindicación de los jueces es la ampliación de la planta ante la sobrecarga desmesurada del trabajo que están soportando, especialmente en sectores como los jueces de primera instancia. El punto clave de esta cuestión es que las decisiones o las propuestas al Ministerio de Justicia se formulan ya en la sala de gobierno, un lugar en el que el decano no está presente. Cuando hablamos de la planta, en términos judiciales nos referimos al número de órganos judiciales que existen. Si ahora mismo en primera instancia hay 11 juzgados de primera instancia, ya llevamos tiempo reclamando al Ministerio de Justicia la creación de un número mayor de plazas, que en lugar de 11 hubiera 13.
– ¿Cuáles crees que son los grandes déficits de la justicia aquí en la provincia de León?
– Seguramente son los mismos que en cualquier otra provincia. En general, en todos los lugares tenemos el mismo problema, que no es otro que dar respuesta a la litigación masiva bancaria, como por ejemplo la derivada de las cláusulas suelo. Su gestión ha generado una burbuja descomunal, una bolsa gigante de asuntos que los tribunales no tienen capacidad para absorber. En consecuencia, el gobierno ha intentado dar una respuesta a través de la búsqueda de métodos alternativos de resolución de controversias, como puede ser la solución a mediación o la negociación previa. Una posible solución que están tratando de llevar a cabo es exigir un poco más de acreditación acerca de algún tipo de intento previo de acuerdo entre las partes antes de acudir a los tribunales. A pesar de todo, es complicado combatir este problema. Por tanto, tenemos dos soluciones: o restringimos el acceso a los tribunales o ampliamos los medios personales y materiales. Sin duda, tenemos ese gran problema de falta de personal judicial y funcionarial para absorber el volumen desmesurado de trabajo que está entrando a diario en los juzgados.
– Pero la entrada no se puede regular, ¿no? ¿Es posible dificultar el acceso a los juzgados?
– Con la última reforma, lo que se ha pretendido es exigir una previa acreditación de un intento de negociación antes de acudir al juzgado. A día de hoy, estamos a la espera de ver el resultado. Aún con todo, no podemos ocultar nuestra falta de confianza en que vaya a funcionar correctamente en los términos que se plantea a día de hoy.
– ¿Cómo percibe desde dentro el descrédito de la justicia que manifiestan muchas veces los políticos?
– Es una buena señal que los políticos hablen mal de los jueces, ya que esto significa que están haciendo bien su trabajo. Mi impresión es que el sentir social de los ciudadanos hacia los jueces ha ido creciendo con el paso del tiempo. Creo que los ciudadanos han podido llegar a percibir que los jueces son el último soporte que puede garantizar sus derechos. Por tanto, cuando un ciudadano medianamente informado y reflexivo analiza cuáles son las posibles razones por las que el trabajo de los jueces recibe tal descrédito por parte de los políticos, poco hay que explicar. Es blanco y en botella. Es fundamental que exista un equilibrio de poderes. El sistema democrático se sustenta sobre la base de que los tres poderes tienen que estar equilibrados. Dentro de esta división, al Poder Judicial le toca controlar a los demás poderes. Como consecuencia, es normal que los demás poderes no estén muy contentos con ser controlados por los jueces, pero es el trabajo que nos ha tocado y es el papel que nos corresponde desempeñar. De esta forma, entiendo que el descrédito es fruto de la propia esencia del reparto de poderes. Por tanto, no sería buena señal que los poderes controlados por el cuerpo judicial estuvieran muy contentos.