San Andrés denuncia el “ataque" de Serfunle al dejar al Ayuntamiento fuera del consejo de administración de la empresa mixta

El equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo ha denunciado públicamente el “ataque” recibido en la asamblea de concejales constituyente de la mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle), en la que se ha dejado al Ayuntamiento del municipio del alfoz fuera del consejo Administración de esta empresa mixta.

El portavoz del Ejecutivo local, Santiago Blanco, y el concejal Francisco  Gómez han explicado en rueda de prensa que se trata de “un hecho insólito, que no es de justicia” pues es la primera vez que uno de los Ayuntamientos que integran esta mancomunidad no está representado en el órgano de gestión de la misma. Así, han criticado que, a pesar de ser el segundo en importancia por número de población, el municipio de San Andrés ha sido excluido “con premeditación y tras haber agotado casi los tres meses que los propios estatutos de Serfunle establecen para constituirse tras un periodo electoral”, por lo que no contará con un representante como hasta ahora.

Los ediles han apuntado que en el asamblea, celebrada el pasado viernes, se aprobó la propuesta “sin consensuar, sin justificar, sin la existencia de informe técnico jurídico alguno” y con los votos de los concejales representantes del Partido Popular en León y Villaquilambre, así como de los de Ciudadanos de la capital. Por el contrario, los representantes de esta última formación en Villaquilambre ofrecieron su apoyo a San Andrés, un gesto que ambos han querido agradecer.

Desde el equipo de Gobierno se dará trasladado de esta situación al pleno y, además, ya se han dado las instrucciones oportunas a los servicios jurídicos municipales para que estudien “de manera inmediata” emprender acciones legales que permitan anular un acuerdo “contrario a derecho” y que, a su juicio, obedece “a motivaciones políticas poco claras”. De hecho, el asesor jurídico del Ayuntamiento ha elaborado un informe, presentado en la propia asamblea, en el que se advierte de que en caso de exclusión de cualquiera de los consistorios “se puede estar incurriendo en un ilícito penal”.