El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha denunciado este viernes un nuevo bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León en el proceso de designación del interventor interino, tras reconocer la propia Administración autonómica un error en la categoría profesional de uno de los miembros del tribunal de selección.
La alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, fue tajante al afirmar que “esto no es un error administrativo, es un bloqueo político injustificado que afecta directamente a los 30.000 vecinos de San Andrés del Rabanedo. No se puede permitir que, por intereses partidistas, se deje sin cobertura una plaza esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento”.
El Consistorio ya prepara su respuesta a lo que considera “contradicciones” en los escritos remitidos por la Junta. Caurel recalcó que en otros municipios de la provincia existen interventores accidentales e interinos “sin que la Junta ponga obstáculos”. Y añadió: “Aquí no hablamos de cuestiones técnicas, hablamos de un trato desigual y de una decisión política que busca paralizar la gestión municipal. No se puede jugar con los servicios básicos del tercer municipio de la provincia”.
Consecuencias económicas y administrativas
El Ayuntamiento advierte de que este bloqueo tiene consecuencias “gravísimas” para la gestión local, ya que están en riesgo las nóminas de la plantilla, la tramitación de subvenciones y la aprobación del presupuesto. “La Junta está paralizando conscientemente la estabilidad económica y administrativa de San Andrés. Mientras en otros municipios no se ponen objeciones, aquí se nos castiga con un bloqueo político que no tiene justificación alguna”, subrayó la alcaldesa.
Las contradicciones en el proceso
El origen de la polémica se remonta al 29 de agosto, cuando la Junta dictó una orden en la que exigía anular el procedimiento alegando que el tribunal estaba formado mayoritariamente por habilitados nacionales. En esa resolución reconocía expresamente que el órgano contaba con diez miembros (titulares y suplentes): seis habilitados y cuatro funcionarios.
El Ayuntamiento respondió el 1 de septiembre acreditando que, en realidad, eran cinco habilitados y cinco funcionarios, desmontando así el argumento de la Junta y señalando un error en la categoría profesional asignada a uno de los integrantes. “La Junta reconoce su error, pero en lugar de solucionarlo, busca excusas para mantener un bloqueo político que castiga a los 30.000 vecinos. Estamos ante un proceso legal y correcto, pero la Junta lo bloquea por intereses partidistas”, insistió Caurel.
Un procedimiento con aval municipal
El puesto de Intervención de clase 1º quedó vacante en octubre de 2024. En enero de este año, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases para su cobertura, abriéndose el plazo de candidaturas y constituyéndose el tribunal calificador. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes y la celebración de las pruebas, el 3 de julio el Ayuntamiento elevó a la Junta la propuesta de nombramiento.
El proceso contó con un informe favorable del secretario municipal, remitido el 28 de julio, después de que la Junta solicitara todo el expediente. Sin embargo, el Ayuntamiento asegura que desde entonces solo ha recibido “dilaciones, excusas y resoluciones contradictorias”, que impiden el normal funcionamiento de la Intervención.
“San Andrés del Rabanedo no puede ser rehén de batallas partidistas. Estamos hablando de garantizar transparencia, legalidad y seguridad en la gestión de los recursos públicos”, concluyó la alcaldesa.