La portavoz del Grupo Popular en San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, ha denunciado este viernes la “absoluta irresponsabilidad” de la alcaldesa, la leonesista Ana María Fernández Caurel, en el procedimiento de designación del nuevo interventor interino, después de que la Junta de Castilla y León anulara el proceso y ordenara retrotraerlo al inicio por irregularidades en la composición del tribunal calificador.
Según explicó Álvarez, la Junta ya había advertido a finales de mayo, vía telefónica, de que el tribunal no podía estar formado por una mayoría de funcionarios de habilitación nacional, tal y como había fijado la regidora por decreto. “La alcaldesa siguió adelante como si nada, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, de cuyas consecuencias pretende hacer responsable a la Junta de Castilla y León”, señaló la edil.
La representante popular recordó que en la segunda reunión del tribunal, celebrada el 30 de mayo, la propia persona designada por la Junta dejó constancia en acta del mismo problema, pero “la alcaldesa hizo caso omiso y siguió adelante”.
Críticas a la gestión municipal
Álvarez subrayó que el error ha supuesto “un perjuicio muy importante al Ayuntamiento” y anunció que pedirán explicaciones en el próximo pleno “por ese empecinamiento en mantener el error” y por escudarse en “un fallo formal en la notificación que no tiene ninguna afección al resultado final del proceso”.
Además, la portavoz popular criticó que el Ayuntamiento no solicitara su inclusión en el concurso de méritos convocado por la Junta el 24 de julio, lo que, a su juicio, habría permitido disponer ya de interventor. “Lo tenía que haber solicitado el pasado mes de febrero y no lo hizo, así que tendrá que explicar por qué optó por un proceso mucho más largo cuando podía haberse resuelto de forma ordinaria”, afirmó.
Consecuencias y responsabilidades
La edil del PP señaló directamente a la regidora como “única culpable de lo sucedido”, al tiempo que rechazó que se responsabilice a la Junta de las dificultades en la gestión municipal. Recordó que San Andrés contó con interventor habilitado hasta el pasado 7 de agosto, fecha en la que la alcaldesa pidió su cese por cuarta vez.
“Habrá que preguntarle por qué no se han tramitado las subvenciones, la liquidación del presupuesto o la cuenta general, porque es inadmisible que culpe a la Junta”, incidió Álvarez, quien añadió que la Consejería de la Presidencia “ha colaborado siempre, nombrando hasta en cuatro ocasiones interventor accidental a la misma persona a petición de la alcaldesa, que después solicitó su cese”.
La edil popular insistió en que la alcaldesa tiene margen de actuación para desbloquear la situación: “Tiene para elegir entre nueve trabajadores con el nivel A1 que se necesita para ejercer de interventor. Que tome las medidas que haya que tomar, pero su incompetencia no la pueden estar pagando los ciudadanos ni los trabajadores”.
Álvarez remarcó que incluso la firma de un decreto de Alcaldía permitiría abonar las nóminas y regularizar la situación posteriormente: “Es perfectamente legal, pero para eso hay que ejercer de alcaldesa y no solo parecerlo”.
Proceso anulado
La resolución de la Junta de Castilla y León, fechada el 28 de agosto y corregida el 4 de septiembre, requirió a la alcaldesa que anulara el decreto de 21 de mayo de 2025 en el que se establecía la composición del tribunal, al haberse conformado de manera irregular. Tras el recurso presentado por el Ayuntamiento, la Junta ha resuelto de forma desfavorable, dejando sin efecto todo el procedimiento, que deberá comenzar de nuevo.
“Si hace tres meses hubiera atendido a las advertencias de la Junta, el proceso estaría muy avanzado”, concluyó Álvarez.