El gran apagón del pasado lunes dio al traste con las aspiraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de llevar esta semana al Consejo de Ministros el proyecto de ley para abordar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales manteniendo el mismo salario. Será la semana que viene cuando el Gobierno dé vía libre al documento que servirá como primer paso hacia una medida que se convirtió este jueves en una de las principales reivindicaciones de los sindicatos CCOO y UGT en las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo. «Por la reducción de jornada, para ganar tiempo de vida» fue una de las muchas proclamas que pudieron escucharse por las calles de León.
Y dicha reivindicación se basa fundamentalmente en que no basta con que el Gobierno apruebe el proyecto de ley en el Consejo de Ministros, sino que su entrada en vigor depende de que cuente con apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, algo que ahora mismo parece poco probable a tenor de las reticencias de partidos como el PP o Junts por el rechazo que la medida genera en la patronal.
La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) estima que la reducción de jornada supondría 70 horas menos al año para algo más de 62.200 trabajadores de la provincia. Se trata de aquellos que forman parte de sectores cuyos convenios colectivos se sitúan ahora mismo por encima de las 37,5 horas y que trabajan para casi 11.700 empresas, siempre según los cálculos de la organización presidida por Juan María Vallejo, que siempre ha defendido que el ajuste de la jornada no se puede aplicar de forma generalizada y ha pedido que se lleve a cabo en función de las necesidades y la situación de cada sector a través de la negociación colectiva en la provincia con el fin de que no acabe repercutiendo en el empleo (por el incremento de los costes laborales y la consiguiente reducción de beneficios) e incluso en la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Análisis por sectores
Con la medida que propone el Gobierno, la jornada pasaría de 1.826 a 1.712 horas anuales. En el caso de la provincia de León, el comercio y la hostelería serían dos de los sectores en los que la reducción del tiempo de trabajo tendría más afectos, puesto que tienen un peso importante en el mercado de trabajo y sus convenios reflejan 1.790 y 1.800 horas respectivamente. Cave recordar que el comercio de proximidad lleva tiempo en una situación difícil por la caída de las ventas en detrimento de las grandes superficies o las compras por internet, mientras que en el caso de la hostelería el problema es más de falta de profesionales para hacer frente a las contrataciones que se derivarían de la reducción de jornada.
Y lo mismo ocurre en el transporte de mercancías, cuyo convenio también es de 1.800 horas, al igual que el de oficinas y despachos o el de comercio del metal. Y con cifras ya menores estarían el sector agropecuario (1.776 horas), la construcción (1.736 horas) o la limpieza de edificios y locales (1.735 horas). Cabe mencionar finalmente el caso del la industria, ya que su convenio es de 1.752 horas y la pérdida de horas de trabajo en sus trabajadores podría hacer menos atractiva la provincia y llevar a las empresas a otros territorios con menos cargas laborales y fiscales.