El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), José Ramón García, ha acusado este martes a la Junta de Castilla y León de "improvisación, mala planificación y desprecio por los vecinos" en la gestión de las redes de calor de Ponferrada y León, dos proyectos que, según afirmó, "deberían haber simbolizado el futuro verde de esta tierra y se han convertido en un ejemplo de cómo no hacer las cosas".
Durante su intervención ante el Pleno de las Cortes, García ha recordado que la red de calor de Ponferrada, impulsada en 2015 con más de 12 millones de euros de inversión pública, "ha acabado en los tribunales por irregularidades, fraccionamiento de proyectos y falta de información pública".
El procurador leonés ha asegurado que los vecinos del barrio de Compostilla "llevaron diez años de penurias e incertidumbre", en los que ha sufrido con "calles levantadas, escapes de gas y molestias constantes", y ha denunciado que el caso de León "roza la desvergüenza", al destinarse 22,6 millones de euros del Fondo de Transición Justa –"reservado a las cuencas mineras"– a levantar una macroplanta de biomasa y una nueva red de calor en León.
Según García, miles de vecinos de barrios como Puente Castro y Oteruelo del Valle han firmado en contra del proyecto, "preocupados por las emisiones, los olores y el impacto en su salud", y ha criticado que "se enteraron del proyecto cuando ya estaba adjudicado".
"Confundir y manipular"
Ante estas acusaciones, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la actuación de la Junta de Castilla y León en relación con las redes de calor de Ponferrada y León y ha rechazado las críticas formuladas por UPL, a quien ha acusado de "confundir y manipular" sobre dos proyectos "totalmente distintos, con marcos jurídicos y circunstancias diferentes".
Según ha explicado, mientras la red de calor de Ponferrada "es una iniciativa municipal sobre la que la Junta no tiene competencias", la de León "responde a un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética con fondos europeos, perfectamente reglado y con control ambiental".
Suárez-Quiñones ha subrayado que el proyecto de la red de calor de León "está financiado con 22,6 millones de euros del Fondo de Transición Justa adjudicados por el Ministerio, no por la Junta", y que su ejecución "cumple de manera escrupulosa con la normativa europea y las exigencias ambientales". Ha defendido además que la red de calor "no genera emisiones contaminantes ni compromete la salud de los vecinos", sino que "reducirá emisiones de CO₂ y costes energéticos en edificios públicos y privados".
El consejero ha zanjado que la gestión autonómica en materia ambiental "es un referente en eficiencia energética y sostenibilidad" y ha reprochado a UPL "usar el descontento vecinal con fines políticos". "La Junta actúa con transparencia, con participación y con criterios técnicos, no con intereses electorales. León y Ponferrada se beneficiarán de proyectos punteros".