El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró este lunes en Valladolid que la Junta de Castilla y León aprovechará “al máximo de sus posibilidades” el Plan Estatal de Vivienda pese a reconocer las “discrepancias”, tras lamentar que el Gobierno central no ha contado con las comunidades durante su elaboración, pese a que es una competencia que depende de las autonomías.
Con motivo del acto de la entrega de camiones y puntos limpios móviles a entidades locales de Castilla y León, Suárez-Quiñones reconoció que la aprobación del Plan Estatal de Vivienda es una “buena noticia”, aunque recordó que llega con retraso porque el anterior concluyó a finales de 2025. En todo caso, subrayó que el Plan supondrá que los fondos del Estado destinados a la vivienda se duplican mientras que las comunidades autónomas también deberán llevar a cabo un esfuerzo “muy relevante”. En el caso de Castilla y León, la aportación de la Junta al Plan se multiplicará por seis. No en vano, precisó que es un programa que se nutre del dinero del Gobierno de España pero también de las autonomías, sin olvidar el presupuesto que ya destina la Junta a esta materia porque el acceso a una vivienda “digna y asequible” es la primera preocupación de los ciudadanos, sobre todo entre la población joven y en el medio rural.
Ante la presencia del delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, el consejero en funciones criticó que el Ministerio no haya tenido en cuenta todas las propuestas que planteaban las comunidades autónomas y solo “algunas” se han plasmado en el documento. “Defendemos las características y necesidades de vivienda en Castilla y León”, apuntó.
Recordó, según recogió la Agencia Ical, que el Plan de Vivienda, con cinco años de vigencia (2026-2030), estará dotado con 380 millones de euros, que se sumarán al presupuesto que ya destina la Junta a esta materia. Juan Carlos Suárez-Quiñones precisó que entre 2024 y 2030 se invertirán cerca de mil millones de euros para políticas de vivienda en la Comunidad, al incluir los fondos europeos, los del Plan Estatal, los propios, las desgravaciones fiscales autonómicas y otro tipo de apoyos financieros. “Es una apuesta muy relevante porque el presidente Alfonso Fernández Mañueco tiene la vivienda como una de las prioridades políticas”.
El portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, afirmó tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada que “sería bueno que en Castilla y León pudiéramos aplicar las políticas que han llevado a esta situación y no que se nos obligue a aplicar las políticas del Gobierno, que han fracasado allí donde se han aplicado”.
En ese sentido, y para extender la hasta ahora “ventaja comparativa” de Castilla y León con otras comunidades, Carriedo hizo un llamamiento al “diálogo” al Gobierno a través de una alternativa basada en la “flexibilidad” en la aplicación de la norma, en el ofrecimiento de más viviendas y en “hacer lo posible para que las personas que puedan ofrecer vivienda en alquiler lo hagan porque hay garantía y seguridad suficiente para llevarla a cabo”.