El mes pasado la ministra de vivienda Isabel Rodríguez participó en una conferencia sectorial de vivienda del PSOE de Castilla y León. Aprovechó la ocasión para arremeter, seguramente con acierto, contra las políticas de vivienda de la Junta. Pero básicamente vino a Castilla y León a presentar el plan estatal de vivienda 2026-2030, un plan falaz que no se cumple en esta comunidad, por culpa, en parte, de la desidia interesada del gobierno autonómico, pero también porque el ministerio de vivienda, el que menos competencias tiene y el que menos competencias quiere asumir, no tiene ningún interés en que se cumpla. Les basta con el titular del anuncio de las medidas.
Concretamente, Rodríguez anunció que las ayudas a jóvenes para comprar o rehabilitar en el medio rural pasarán de 10.800 a 15.000 euros. Pero, ¿cómo se atreve a anunciar el aumento de unas líneas que no existen en Castilla y León? En febrero de 2024, las Cortes de Castilla y León votaron a favor de la Proposición no de ley presentada por ¡Soria Ya! para que la Junta convocase esa línea de ayudas que está obligada a convocar, no ya porque es una línea del plan estatal de vivienda 2022-25, si no porque mediante Convenio de 26 de julio de 2022 se comprometieron a convocarlas. La Junta prefiere destinar ese dinero a las ayudas al alquiler para jóvenes, también muy necesarias, pero el resultado es que un dinero destinado a las zonas de reto demográfico acaba en las zonas tensionadas de las capitales de provincia. Por ese motivo la convocatoria de las ayudas al alquiler se encuentra actualmente recurrida en vía administrativa.
El Ministerio es conocedor del incumplimiento de su convenio y se desentiende. Es más fácil culpar a la Junta de Castilla y León que utilizar los mecanismos legales de los que dispone para hacer cumplir dicho convenio. El resultado es que la región con más problemas de reto demográfico de España (y probablemente de Europa) es prácticamente la única que no convoca los planes específicos del plan estatal de vivienda para el reto demográfico.
Hay mentiras burdas, como las de la catenaria de la Feve, y otras con más sutilezas jurídicas, como las de la ministra de vivienda. Cada cuál miente con las herramientas que posee. Pero ambas demuestran una forma nefasta de gestionar la política en nuestra región basada en no hacer nunca nada y en sustentarlo todo en marketing político.