Pese a ello, por miedo o por desconocimiento de las herramientas que tienen a su disposición, el número de profesores que se deciden a presentar una denuncia al ser objeto de agresiones o vejaciones es mínimo. El defensor del profesor de Castilla y León y coordinador nacional, Jesús Niño, apunta a que en sus últimos informes se pone de manifiesto que solo 80 docentes pidieron ayuda de los más de 2.200 casos de agresiones a profesores que tiene registrados la Consejería de Educación a nivel autonómico.
Un 20% de los conflictos tienen su origen en las nuevas tecnologías, en especial con WhatsAppSegún el estudio más reciente de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (Anpe), en León se registraron cinco denuncias por agresiones a maestros en el curso 2016-2017. Pese a que todavía no hay datos oficiales del último curso académico, Jesús Niño adelantó a este medio que las «situaciones que se les han presentado son similares» en la provincia de León. La evolución que presentan las denuncias de este tipo es dispar, puesto que a nivel provincial en el curso 2015-2016 fueron siete denuncias ante el Defensor del Profesor y cuatro en el año 2014-2015. Mientras tanto, en el conjunto de España durante el curso 2016-2017 se registraron 2.249 casos de profesores víctimas de algún tipo de acaso, lo que implica un 15% más de agresiones que el año anterior.
Las peticiones de los docentes
Los alumnos que causan más agresiones son estudiantes de sexto curso de Primaria y de los dos primeros años de Secundaria. En el caso de conflictos físicos con los padres estos suelen producirse en Primaria, e incluso cuando sus hijos están en Infantil, puesto que la implicación paternal es menor a medida que el alumno va creciendo. «Según los observatorios de convivencia, las agresiones físicas más comunes a profesores son los empujones», señala el coordinador nacional del Defensor del Profesor.Cinco profesores denunciaron haber sido agredidos en León durante el último curso analizadoManuela Diez, presidenta de Anpe León, se muestra «preocupada por la convivencia escolar» ante estas agresiones en las aulas. Desde su punto de vista, se debe «reactivar el Observatorio de Convivencia Escolar» con el objetivo de lograr una mayor prevención y detección de conflictos. «También es importante que la asistencia al profesorado sea gratuita ante problemas de ansiedad», reclama finalmente Diez.
La asociación Aspes-CL considera que las agresiones físicas en León «no son significativas», salvo casos aislados como una grave pelea que tuvo lugar en una tutoría con un padre. Su delegado en León, Ricardo de Dios, muestra su preocupación por un sistema administrativo más ágil para estos «casos puntuales aunque llamativos». «La adquisición de la presunción de veracidad del profesorado nos ha cubierto más las espaldas», valora.
Por su parte, desde el Defensor del profesor se considera que «la tendencia es al alza» y que se está trabajando en la concienciación del profesorado. Por tanto, apuntan que las denuncias aumentarán aunque «no conlleven un incremento de la subida de violencia real en las aulas». «Se debe formar al profesorado y buscar un mayor contacto con las familias», apunta Jesús Niño.
Redes sociales, un problema más
Además de estas agresiones físicas, el acaso se suele materializar con insultos, robos de material docente y campañas de desprestigio en redes sociales. Las nuevas tecnologías, en especial las aplicaciones de mensajería instantánea, han acrecentado los conflictos de este tipo. «Hay alumnos que mandan mensajes y grabaciones por WhatsApp para hacer públicas situaciones desagradables y hacer escarnio de ellas», manifiesta el delegado de Aspes-CL en León.Desde esta asociación de profesores consideran que «se debe educar a la sociedad para que sus hijos no lleven teléfonos móviles a clase». Los reglamentos de régimen interno de los centros públicos leoneses prohiben el uso de smartphones para la captación y difusión de todo aquello que sucede en sus aulas. Los datos nacionales que maneja el sindicato independiente Anpe, muestran que las nuevas tecnologías suponen el 20% de los conflictos que son objeto de denuncia por parte de los profesores y se manifiestan especialmente a través de grupos de WhatsApp. «No hay duda de que el mal uso de las nuevas tecnologías incrementa el acaso», señala la presidenta de Anpe León.
Castigo a los agresores
Según explica el defensor del profesor en Castilla y León, los directores de los centros educativos están obligados a denunciar casos graves a la Fiscalía y de informar de todas las situaciones problemáticas que puedan tener lugar en sus clases. Por su parte, desde Aspes-CL León apuntan a que las sanciones establecidas por los colegios e institutos públicos pueden llegar a castigar a un estudiante que agreda a un profesor con la no asistencia a las aulas durante un mes. «Las penas habituales contemplan la expulsión durante tres o cuatro días, pero en casos graves tienen un máximo de un mes», analiza Ricardo de Dios.Si el delito es cometido por un menor, el Código Penal tan solo impone medidas orientadas a la reeducación, ya que prima el interés del menor y su reinserción. En el caso de condenas por la vía civil, el delito puede ocasionar multas económicas, que asumirá el causante, o sus padres si es menor de edad, por daños y perjuicios al docente.
Ante situaciones se este tipo se recomienda acudir a medios de resolución de conflictos alternativos, como es el caso de tribunales de mediación. Según asesores jurídicos, los problemas deben ser resueltos a tenor de su gravedad, defendiendo los propios intereses del profesorado pero atendiendo el interés del menor, que a menudo suelen estar envueltos en circunstancias familiares problemáticas y complejas que también exigen de una respuesta. En el caso de que el docente decida dejar de lado la mediación e iniciar un proceso penal deberá presentar una denuncia, así como un informe médico que pruebe la agresión física.