El Partido Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para instar al Ministerio de Sanidad a que León recupere su condición de sede para los exámenes de formación sanitaria especializada, principalmente los MIR (medicina), EIR (enfermería) y FIR (farmacia), así como los correspondientes a psicología, química, biología y física.
La petición llega tras conocerse el borrador de la Orden Ministerial que regula la convocatoria de plazas de 2025, cuyo examen se realizará en 2026, y en el que el Ministerio ha reducido el número de sedes de 28 a 22, dejando fuera a León, junto a otras ciudades como Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, Girona y Vigo.
La iniciativa ha sido firmada por las diputadas leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco, junto a otros seis parlamentarios del Grupo Popular. En el texto, los populares denuncian que esta medida “obliga a miles de aspirantes a desplazarse a otras provincias con el coste y las dificultades que esto implica” y acusan al Gobierno central de tomar esta decisión “únicamente por criterios económicos, perjudicando especialmente a los territorios periféricos y generando una clara desigualdad de oportunidades”.
Las parlamentarias leonesas critican que se haya dejado fuera a León del mapa de sedes mientras que la Junta de Castilla y León apuesta por la provincia con medidas como la incorporación del Grado de Medicina en la Universidad de León. “El contraste es evidente”, han señalado.
Desde el PP de León insisten en que “hay que dar las mayores facilidades a los aspirantes, con el menor coste posible”, y recuerdan que si León vuelve a ser sede, tres ciudades de Castilla y León —Salamanca, Valladolid y León— podrían albergar estas pruebas clave para el acceso a la especialización sanitaria.
La propia Consejería de Sanidad de Castilla y León ya ha solicitado al Ministerio que reconsidere la eliminación de León como sede de exámenes, sumándose así a la demanda trasladada por el Grupo Popular en el Congreso.
Por su parte, las diputadas Muñoz y Franco ven esta decisión como “una muestra más de la indiferencia del Gobierno de Pedro Sánchez hacia León y las necesidades de los leoneses”, y apelan al consenso institucional para revertir lo que consideran una decisión “injusta y discriminatoria”.