El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha denunciado este martes públicamente la "improvisación", el "descontrol" y la "falta de transparencia" del equipo de gobierno municipal en relación con el cierre al tráfico de varias calles del centro de la ciudad, y ha exigido al alcalde que suspenda la activación de las cámaras de control previstas para el próximo 20 de junio.
En una comparecencia ante los medios, Fernández ha cargado duramente contra el alcalde, José Antonio Diez, a quien acusa de haber peatonalizado estas calles de forma "ilegal", "encubriendo la implantación de una zona de bajas emisiones sin respaldo normativo", y actuando "con engaño e improvisación".
"El alcalde prometió antes de las elecciones que estas calles serían zonas de calmado de tráfico, pero tras los comicios mostró sus verdaderas intenciones y anunció su cierre total de forma unilateral", recordó Fernández. "Ni siquiera formalizó este cierre hasta un año después, en noviembre de 2024, cuando se publicó un bando que daba plazo hasta el 1 de marzo para solicitar permisos de acceso. Aquel proceso fue una chapuza."
El portavoz popular criticó que, a solo una semana del vencimiento del primer plazo, el equipo de gobierno no había tramitado ni autorizado ninguna solicitud, alegando que "nadie lo había solicitado", lo que calificó de "desfachatez".
"La realidad es que ni siquiera habían habilitado el procedimiento. Se delataron ellos mismos cuando, tras nuestra denuncia, ampliaron el plazo hasta el 1 de junio y entonces sí, establecieron un cauce de solicitud", denunció.
Ahora, con el nuevo plazo vencido y a apenas diez días de la activación de las cámaras, Fernández lamenta que el Ayuntamiento "no tiene ni idea" de cuántas solicitudes se han presentado, aprobado o rechazado, ni si dará tiempo a tramitarlas todas antes de que empiecen las multas.
"El pasado miércoles, en la Comisión de Seguridad y Movilidad, ningún concejal del gobierno supo dar respuesta a nuestras preguntas, pese a haberlas presentado con más de 24 horas de antelación. Estamos ante un nuevo episodio de descontrol y apatía", señaló. “Más de 2.000 personas podrían estar afectadas por esta medida, y no se ha garantizado ni información ni garantías mínimas.”
Además del "limbo jurídico", Fernández criticó las consecuencias en la movilidad y el aparcamiento en el centro: "Los leoneses hoy tardan más, pagan más y tienen más dificultades para aparcar. Las plazas de garaje han subido un 25% y la ocupación de parkings es total. Esto tiene un impacto directo sobre el comercio local y la vida diaria".
Finalmente, el PP exige al alcalde que suspenda la activación de las cámaras hasta que exista una ordenanza municipal que regule la zona de bajas emisiones, y que garantice seguridad jurídica para los vecinos.
"Pedimos que no se multe a ningún leonés mientras no exista una norma clara. Esta actuación, como ya dictaminó el Procurador del Común, es ilegal", concluyó.