La Plataforma en Defensa de Feve ha iniciado los procedimientos judiciales para exigir responsabilidades legales tanto al Ministerio de Transportes como al Ayuntamiento de León, dos de los actores implicados en el “abandono irrevocable” que ha experimentado la integración cuando se cumplen 15 años sin que la ciudad de León cuente con este servicio ferroviario. César Prieto, portavoz de la plataforma, ha sido el encargado de enumerar las tres demandas que han formulado para tratar de amortizar los más de 40 millones de euros que se han invertido hasta la fecha.
Antes de dar explicar en detalle cada una de las demandas, el portavoz ha repasado las “innumerables” iniciativas desarrolladas por plataforma en sus dos años de vida, que van desde manifestaciones en Madrid o León hasta la creación de un grupo de asesoramiento técnico y jurídico para dar respuesta a los flecos técnicos de la integración de Feve. “Resulta indispensable hacer balance y reconocer el fracaso de estas iniciativas”, ha lamentado el portavoz tras constatar como en estos últimos 24 meses no se ha logrado “ni una mera promesa de resolver la integración”.
Tres causas diferentes
En primer lugar, se ha presentado una querella en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid por presunta "desobediencia, prevaricación y falsedad documental". El destinatario de esta denuncia no es otro que el director general del Ministerio de Transportes, figura en la que personifican las trabas interpuestas por las administraciones a la hora de dar acceso a la ciudadanía de los destinos expedidos.
En segundo lugar, el Ayuntamiento de León es una de las principales figuras a las que apuntan en sus demandas. Desde la Plataforma en Defensa de Feve han presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes en nombre y sustitución del Ayuntamiento de León, al que acusan de omisión de su labor durante los últimos 16 años, especialmente en las obligaciones que la administración local tenía fijadas dentro del Convenio Marco de 2010. Además, ponen el foco en las escasas maniobras que ha iniciado para hacer efectivo el cumplimiento del citado marco. Cabe recordar, como así apuntan desde la plataforma, que la decisión de no personarse parte de la negativa de la alcaldía de León a unirse a la demanda, incumplimiento de esta forma “la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”, como así se puede leer en el artículo 68 de la Ley 7/1985.
Por último, la tecerca demanda pone el foco precisamente en el Ayuntamiento de León, contra el que han presentado un recurso contencioso-administrativo por su “inactividad en la obligación de a quien le sustituye procesalmente en la acción anterior, cuanta información obre en su poder en vista de la preparación de la demanda y para lograr, por la vía judicial, que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de reclamar el cumplimiento del Convenio Marco de 2010".
Es decir, que el Ayuntamiento de León no “sólo no ha defendido, como es su obligación, el cumplimiento del Convenio obligando a la ciudadanía a hacerlo en su lugar, sino que incumple las obligaciones que le marca la ley para que dicha sustitución pueda hacerse con las máximas garantías”. En septiembre, tras cuatro meses desde la interposición del recurso, la Plataforma ha criticado como el Ayuntamiento de León “sigue incumpliendo los reiterados requerimientos del juzgado”, especialmente los funcionarios responsables de esta situación, que podrían estar en situación de desobediencia.
"Inacción" del Ayuntamiento de León
Además, César Prieto ha dejado caer la posibilidad de que la Plataforma inicie los trámites para dar forma a un cuarto procedimiento por la responsabilidad penal de la funcionaria del Ayuntamiento de León. A su vez, desde la Plataforma han puesto sobre la mesa las dos estrategias difundidas a la opinión pública para tratar de esconder la naturaleza jurídica del conflicto. Por un lado, sostener que se trata de un problema de voluntad y de valentía política, un hecho que desde la plataforma cuestionan tras los 16 años de “inacción”. “La valentía política no va a aparecer por muchas plegarias a políticos que se produzcan”, ha lamentado el portavoz. Por otro lado, exponen como desde las partes involucradas se ha llevado a cabo una estrategia para descentrar el conflicto del Ayuntamiento de León hacia los ayuntamientos de los pueblos, sabiendo en todo momento que el Convenio Marco es un contrato a tres partes: la extinta Feve, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de León. “Obedece a la voluntad de crear confusión y alejar al responsable de sus responsabilidades”, han subrayado.
En la rueda de prensa, el portavoz de la plataforma ha focalizado sus críticas contra el Ayuntamiento de León. “En 16 años no ha existido ninguna reclamación, disconformidad o queja por su parte respecto al incumplimiento del Convenio Marco”, ha apuntado Prieto. Además, han resaltado como, en ningún momento, la administración local ha solicitado una reunión con la Comisión de Seguimiento, “como es su derecho”. De hecho, el pasado febrero el pleno del Ayuntamiento de León votó por unanimidad instar al Ministerio de Transportes a cumplir con sus obligaciones contractuales y convocar una Comisión de Seguimiento, una instancia que “no consta en los expedientes su insistencia”. “Quedo, como siempre, en un mero anuncio político”, lamentó Prieto.
Desde la Plataforma han puesto sobre la mesa la posibilidad perdida con el incumplimiento del acuerdo, que era “extremadamente beneficioso” para la ciudad porque el Ministerio de Transportes le regalaba una línea de tranvía gratis, un proyecto que “ha quedado abandonado en un cajón”. Sin embargo, desde la Plataforma han apuntado como la única parte del Convenio Marco que se ha cumplido es la relacionada con los aprovechamientos urbanísticos, una parte que a día de hoy se está cumpliendo sin haber entrado en vigor.
Necesidad de respaldo económico
Repasando su vía de comunicación con el Ayuntamiento de León, la plataforma ha puesto sobre la mesa los continuados intentos que han llevado a cabo para que se personase en la causa, tanto por la vía administrativa como de manera verbal. Según han apuntado, sus demandas no han recibido respuesta y, de hecho, por indicación del alcalde, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León rechazaron reunirse con la plataforma para coordinar la acción jurídica. Desde la plataforma han confirmado que el Partido Popular del Municipal de León va a presentar una moción para que el Ayuntamiento de León se personase en la causa legal. De todas formas, la plataforma ha recordado como todavía existe la posibilidad de que el Ayuntamiento de León se una al proceso, siempre y cuando exista la voluntad y la intención desde la administración local.
Dados los costes económicos que vienen aparejados a este proceso, la Plataforma en Defensa de Feve ha solicitado a la ciudadanía “respaldo financiero” para poder costear los procesos judiciales.
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