Un delito continuado de apropiación indebida sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de León este lunes, martes y miércoles, 23, 24 y 25 de octubre, a dos personas a las que el fiscal pide una pena de tres años y seis meses de prisión. En sus conclusiones provisionales señala que los acusados, un matrimonio sin antecedentes penales previos, eran desde el 20 de diciembre de 1995 socios de una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) junto a dos personas más. El objeto de la sociedad era la «explotación en común de tierras y ganado y tenía su domicilio social en una localidad de la provincia en la que también tenían su domicilio los socios». Ambos acusados eran, además, socios-trabajadores o empleados en ella, con diferentes categorías.
En su relato de los hechos, la Fiscalía hace referencia a la existencia de un documento privado suscrito por todos los socios el 7 de mayo de 2008 en el que se recogía que los otros dos socios vendían sus participaciones de la SAT a uno de los acusados y otra persona abandonaba la sociedad, estableciéndose unas compensaciones por ello. Aunque estos acuerdos «no llegaron a formalizarse en documento público ni a hacerse efectivos», según incide la Fiscalía, los acusados «administraron de hecho la SAT hasta finales de 2014. Sus otros dos socios, dice el escrito, estaban ya jubilados, por lo que eran los encausados quienes solicitaban las ayudas de la PAC, gestionaban la sociedad, se comunicaban con la entidad financiera en la que tenía sus cuentas y con la asesoría. Ambos aportaban a la asesoría las nóminas, documentación y les solicitaban balances, le llevaban los seguros sociales y las facturas, entre ellas las de venta de ganado, y le aportaban los datos necesarios para la realización de la contabilidad, las cuentas anuales y las liquidaciones tributarias.
El "quebranto económico" a la sociedad se produjo entre 2010 y 2014 y la mayor parte es por venta de ganado
Uno de los acusados, subraya el fiscal, estuvo firmando hasta el 11 de marzo de 2015 los documentos de nacimientos y muertes de ganado que se presentaban ante la Junta de Castilla y León y afirma que también se encargaban del cultivo de las fincas de la Sociedad Agraria de Transformación, de la venta de cereales y de la atención y venta del ganado. Desde el día 15 de abril de 1997, la otra acusada estaba autorizada «para abrir, disponer y cerrar o continuar cuentas corrientes, de crédito o de ahorro», así como «aprobar o impugnar los extractos, además de constituir, modificar y cancelar los depósitos de la sociedad». Era también la persona acreditada para contratar líneas de móviles, fijas e internet durante los años 2010 a 2014 y era quien preparaba la documentación de la SAT (facturas, albaranes, recibos del banco, declaraciones del IVA) y la cotejaba.
En 2014, tras haberse tramitado un procedimiento civil a instancia del acusado para que se cumpliese lo pactado en aquel documento privado de 2008 –y tras haber sido desestimada la demanda–, en asamblea general de la SAT celebrada el 28 de mayo se acordó que «ante la situación de conflicto entre los socios» se disolvía la sociedad. Posteriormente, el 23 de julio, se acordó en una nueva asamblea el nombramiento de una comisión liquidadora y el 11 de febrero de 2015 se ratificaron los anteriores acuerdos, se modificaron los cargos de la junta rectora revocando al acusado su cargo y también se le requirió para que entregara documentación. Sin embargo, y pese a su disolución, el fiscal subraya que la SAT siguió desarrollando su actividad.
"Quebranto económico"
La Fiscalía subraya que entre 2010 y 2014 los acusados «en el ejercicio de esas funciones de administración, percibieron y ocultaron a la SAT los ingresos procedentes de la venta de 312 cabezas de ganado vacuno que no se incluyeron en los ingresos declarados en la contabilidad y percibieron y ocultaron los ingresos de la venta de maíz». Además, afirma que «cargaron en las cuentas de la SAT gastos que no se correspondían con consumos derivados de su actividad por suministros de gasoil que no fueron destinados a la SAT, por facturas correspondientes al uso de cuatro teléfonos móviles no adscritos a la explotación, sino al uso de los acusados, y por la adquisición de una caseta de jardín cuya utilización era ajena a la actividad de la SAT y que era utilizada a título particular por los acusados».
Ocultaron, dice, dinero de la venta de maíz y cargaron a las cuentas de la sociedad gastos que no eran de ella
Como consecuencia de estas actuaciones refleja que se produjo un «quebranto económico» que el fiscal recoge en su escrito, según el informe pericial, que ascendió a 253.582,78 euros en total, desglosados de la siguiente manera: 198.691 euros entre 2010 y 2014 por las ventas de ganado sin que ninguna de las operaciones de venta alcanzara individualmente la cantidad de 50.000 euros, a 28.006,30 euros por la venta de maíz, a 7.121,88 euros por el gasto de telefonía, a 18.981,87 euros por las recargas de gasóleo y a 781,31 euros por la compra de la caseta de jardín.
Para el fiscal los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida del que los dos acusados son autores y en el que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de ellos. Por él solicita una pena para cada uno de tres años y seis meses de cárcel y multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas más las costas derivadas del procedimiento.