“Se están conociendo asuntos que vienen de antes todos”, señalo para añadir que “tendrá que preguntar al señor Sebastián, o al señor Montilla y al señor Clos ¿o es que no hubo esos gobiernos con esos ministros de Industria que eran los que tenían la responsabilidad de tutelar todos los sistemas de adjudicaciones y de primas?”, respondió Montoro a modo de respuesta a la pregunta lanzada por el diputado del PSOE y secretario provincial en Segovia, Juan Luis Gordo.
En su intervención en la sesión de control, el socialista pidió explicaciones al ministro por la información aparecida en la prensa según la cual, dijo, “Hacienda ha constatado la existencia de un grupo organizado de personas y sociedades que cobraron hasta 110 millones de euros por agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León” de la que, añadió, “sabemos que han participado altos cargos sumisos en la trama orquestada por la consejería de Economía” que dirige Tomás Villanueva.
Además de remitir a la gestión de anteriores gobiernos del PSOE, Montoro aseguró que la actuación de la Agencia Tributaria demuestra que no existe “voluntad de ocultar ni dirección política” y pidió al PSOE que “reconozca” que “se está actuando con objetividad”. Además preguntó “por qué no se conocía antes”, cuando gobernaba el Partido Socialista. A su juicio “contrasta muy fuertemente” la forma de actuar de un Gobierno y otro “y ya me hacen dudar del funcionamiento de algunos organismos bajo su tutela”.
A juicio de Juan Luis Gordo “lo que ha quedado claro es que la Agencia Tributaria está a su servicio” y que “28 años de gobierno” en Castilla y Léon demuestran que “el Partido Popular ha estado ajeno a los castellano y leoneses pero no ha estado ajeno a la corrupción”. Así, recordó, se han visto envueltos en varias tramas “el caso Zamora con el señor Aznar; el caso Gürtel con el señor Merino, y ahora el caso de los parques eólicos con el señor Villanueva”.
Gordo terminó su intervención asegurando que las grandes empresas han tenido que pagar “cantidades exorbitantes para acceder a las licencias de los parques eólicos” a “sociedades participadas por altos cargos” de la Junta. Eso, aseveró, que las empresas han tenido que asumir un “sobrecoste de 900 a 1.000 millones de euros”. Además pidió al ministro que aclare, porque “es su competencia” todos estos extremos y si estas prácticas “se han extendido a otras comunidades autónomas”.
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