Lleva casi un cuarto de siglo como alcalde del Ayuntamiento de Puebla de Lillo, desde 1999, casi todo ese tiempo representando a las siglas del Partido Popular y, desde que fue imputado dentro de la llamada Operación Púnica, como independiente. Sus numerosas polémicas, ni siquiera esta última que llegó a la mismísima Audiencia Nacional, se puede decir que no le han pasado factura electoralmente hablando, pues a pesar de que ha perdido apoyos sigue manteniendo la Alcaldía de Lillo y con mayoría absoluta, aunque con muchas salvedades: en los últimos comicios de 2023, el PP no consiguió ni siquiera candidato y mandó a un ‘paracaidista’, y el PSOE lo que no consiguió fue representación.
En cualquier caso, en estos 25 años han sido numerosas las presuntas irregularidades cometidas por Pedro Vicente Sánchez, algunas de las cuales han sido denunciadas repetidamente por los diferentes líderes de la oposición que han pasado por este consistorio montañés. Quizá la más llamativa de todas sea los más de 47.000 euros que el aún alcalde cobró de la Diputación en concepto de kilometrajes durante la época en la que fue diputado entre los años 1999 y 2007 (luego fue cargo de confianza de Isabel Carrasco), llegando a facturar desplazamientos desde Cofiñal, donde está empadronado, a León prácticamente todos los días laborales, incluidos algunos en los que la carretera estaba cortada por la nieve.
Sánchez sigue siendo alcalde de Pueblo de Lillo y lo compatibiliza ahora con la secretaría de los ayuntamientos de Burón y Maraña, labor que tendrá que dejar si la sentencia de inhabilitación adquiere firmeza. En cuanto al acta de concejal, es la norma electoral la que le impide serlo aunque dicha sentencia no sea firme.
Pero son los cobros que ha realizado por parte del Ayuntamiento en el que lleva el bastón de mando los han despertado siempre las sospechas de la oposición, que ha exigido informes y no ha obtenido nunca respuesta por parte del consistorio montañés, motivo por el que en más de una ocasión han recurrido tanto al Procurador del Común como a la Fiscalía.
En concreto, llamó la atención la gran cantidad de plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas que convocó en el Ayuntamiento de Puebla de Lillo sobre todo entre 2016 y 2018 (de estas últimas, un total de 181 en esos tres años), con las que la oposición consideraba que venía a completar los ingresos que había dejado de percibir por haber dejado de formar parte de los cargos de confianza de Diputación. También creó una figura de concejal delegado por la que se pagaba una cantidad de 200 euros y que terminó siendo retirada por la irregularidad que suponía la total ausencia de un cargo de esas características en la legislación pertinente. El pago de 240.000 euros de indemnización a los propietarios de la urbanización Las Nieves, a los que dio permiso de primera ocupación sin tener aún suministro de luz eléctrica, fue otra de sus polémicas más sonada, así como la de la llamada ‘Casa de los Escudos’.