Más de medio centenar de acaldes, concejales, alcaldes pedáneos, representantes de asociaciones, políticos, personalidades de la cultura, periodistas e historiadores, entre otros, han suscrito un manifiesto en favor de la recuperación de las juntas vecinales desaparecidas de la montaña central leonesa. En él, se argumenta que las juntas vecinales "son la forma tradicional de gestión del territorio leonés, herederas directas de los concejos vecinales y sobre las que vino a sobreponerse, a principios del siglo XIX, la corporación municipal. Las juntas vecinales son el órgano más eficiente para la gestión del patrimonio propio que son los bienes comunales, particularidad histórica de nuestras montañas".
En su exposición, señalan que la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local vino a modificar la ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de tal manera que todas las entidades inferiores al municipio perdieron su personalidad jurídica. Una disposición transitoria salvó in extremis la existencia de las juntas vecinales ya existentes que presentasen sus cuentas en tiempo y forma. Desde ese momento la ley no permite recuperar una junta vecinal.
Así, apuntan que "la emigración masiva y los macroproyectos hidráulicos, fenómenos endémicos de la montaña leonesa y de toda su provincia, condujeron a la desaparición de una serie de juntas vecinales en localidades que hoy han recuperado su población y que desean recuperar la gestión propia de sus bienes comunales". En el Torío, las localidades de Tabanedo y Rodillazo. En el Porma, parte de los pueblos de Boñar (Adrados, Barrio de las Ollas, Cerecedo, Colle, Felechas, Grandoso, Las Bodas, Llama de Colle, Oville, Valdecastillo, Veneros, Vozmediano y Voznuevo). "Es notoria la intensidad de su reivindicación, ampliamente difundida en la prensa y que ha sido llevada tanto a las Cortes de Castilla y León como al Congreso de los diputados y el Senado".
Los firmantes instan a las administraciones competentes a modificar la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, a fin de que esta recoja la posibilidad de que puedan recuperar su condición de Entidad Local Menor con personalidad jurídica y condición de Entidad Local aquellos núcleos de población que así lo soliciten y que ya hubiesen estado reconocidos como Entidad Local Menor previamente, aunque hubiesen perdido dicha condición antes del año 2013.
También, y subsidiariamente, a modificar la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, a fin de introducir en la misma la regulación de los entes de gestión desconcentrada de los Municipios, para ejecutar de este modo el desarrollo del artículo 24.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, que encomienda a las comunidades autónomas la regulación de estos entes en su legislación autonómica, ajustándose con ello a lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Asimismo, instan a que en la espera de esta modificación del marco legal "los ayuntamientos aprueben reglamentos municipales para la creación de entes de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) que, en la práctica, y por delegación municipal, pueden tener los mimos ingresos y competencias que una junta vecinal tradicional". Asimismo, piden que estos ayuntamientos “insten a la Diputación de León y la Junta de Castilla y León a incluir la figura jurídica del EATIM en sus convocatorias de subvenciones para entes y entidades locales”.