Y ello simplemente porque la ley, la propia Constitución y el Estatuto de autonomía, reconocen el derecho a constituir nuevas comunidades autónomas y a reformar el modelo territorial. Evidentemente que serían necesarios ímpetu político y mayorías parlamentarias, pero la posibilidad está ahí. En cambio, y desde 2013, recuperar una junta vecinal desaparecida, como la de Rodillazo, está taxativamente prohibido.
Desde 2013, quien examine la legislación actual en materia local verá que las entidades locales menores (que es el nombre de las juntas vecinales) no aparecen recogidas en el cuerpo de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que solo reconoce al municipio y a las provincias. Hay que irse a una disposición transitoria, incorporada in extremis a una ley cuya tramitación tuvo muchas vicisitudes, para entender por qué en nuestra provincia, la que más entidades de este tipo cuenta de toda España, un tercio del total, siguen gozando de personalidad jurídica. Pero que nuestras juntas vecinales y sus bienes comunales, auténtica particularidad histórica leonesa, cimiento histórico de la actual reivindicación de León como cuna del parlamentarismo, pervivan por una disposición transitoria resulta poco halagüeño para nuestro futuro.
Tres diputados leoneses votaron sin reparo alguno por la supresión de siglos de gestión común (Eduardo Fernández García, María Aránzazu Miguélez Pariente y Alfredo Prada Presa). Pero la sociedad civil leonesa se movilizó, por ejemplo, a través de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y su secretario, el catedrático Carlos González-Antón. También el documental La voz del concejo sirvió para dar visibilidad a una realidad fácilmente olvidada en realidades urbanas. Sin duda esta movilización, y otras muchas semejantes a nivel nacional, sirvieron para incorporar esa disposición transitoria que salvaba a las entidades existentes que presentaran cuentas saneadas. En 2018 un proyecto de ley de Compromís buscó suprimir la reforma de 2013 y deshacer el agravio comparativo de crear dos marcos jurídicos idénticos para una misma realidad. Pero el proyecto no llegó a votarse por el adelanto electoral de 2019.
Como tantas, la ley fue una chapuza. Planteada para garantizar la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, para suprimir duplicidades y evitar que, por ejemplo, en el sur de España, urbanizaciones de nueva construcción usasen el marco de entidad local menor para segregarse de sus municipios originales, acabó sirviendo a atacar una particularidad histórica leonesa que no generaba ningún gasto (pues los miembros de las juntas vecinales no son retribuidos) y que es modélica en cuanto a gestión eficaz y sostenible. No se atacó al corazón del problema, que son unos municipios demasiado pequeños —con las mismas competencias que las grandes capitales—, y unos ingresos exiguos—demasiadas veces gastados en innecesarias obras públicas.
Es cierto que la Constitución no protege específicamente las entidades locales menores y que ello permitió los ataques perpetrados. Pero sí que reconoce a los bienes comunales, que distingue pertinentemente del dominio público. Y su corolario es que la única forma de gestión del bien comunal es la común. Como su nombre indica. Y esto debería ser particularmente defendido por los leoneses y sus representantes públicos. El leonesismo, además de su lengua, su historia y sus tradiciones, debería poner en el corazón de su reivindicación la defensa del modelo leonés de producción, la economía política leonesa, que es el concejo y sus aprovechamientos comunes.
En las próximas semanas la UPL presentará una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para que se inste al gobierno central a modificar la ley y que las localidades de Boñar y Rodillazo puedan recuperar su estatus histórico. Son luchas que movilizan a unas pocas decenas de ciudadanos concernidos, pero que son simbólicas de la defensa de un modelo territorial. Que sea más sencillo crear la decimoctava comunidad autónoma de España que recuperar la gestión directa de los pastos comunales en un pueblo de 6 empadronados dice mucho de la falsedad de los discursos sobre descentralización y democracia local de las políticas imperantes. A los leoneses no nos queda otra que usar las herramientas que nos dejan…