La multa, de 80 millones de euros, se dirige a las empresas Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica). También han participado en estas conductas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque su infracción ha prescrito, pues el periodo analizado y sancionado es entre 2000 y 2013.
A juicio de UPA, "ha quedado de sobra demostrado que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos". Mientras las empresas "usan a sus ganaderos en campañas de publicidad para blanquear su imagen, por detrás nos dan puñaladas traperas", critican.
En este contexto, UPA ha pedido que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura –en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica)– "vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo para que no repercutan la multa en los más débiles, los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores".
Por último, la organización de ganaderos ha exigido a las empresas «que se dejen de recursos y asuman la multa» y se destine a mejorar el sector.
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