El «gracias» de la veintena de manifestantes que volvieron a reunirse un día después de liberarse el encierro era unánime «a los que han contribuido a ayudarnos con comida y con dinero, a los que nos han presentado sus quejas, a los que han venido a la concentración del día 15, incluso de fuera», decían, sin reproches a que la sociedad berciana se haya quedado corta en su apoyo.Al tiempo, sí reprochaban la manera de expulsarles del centro «con un papel de retrete», valoró otro de los portavoces, Enrique Antiza. Asegura que el ‘oficio’ con el que las fuerzas de seguridad les pidieron evacuar, firmado por el gerente del centro, José Antonio Visedo «no tenía registro de entrada ni de salida y viene firmado por el gerente, pero implica a la Policía Nacional y a la Subdelegación», rechaza.
Con lo que tampoco están de acuerdo es con la justificación del desalojo, en problemas de salubridad manifestados, según Visedo, por otros usuarios. Recuerdan que solicitaron una sala para poder comer sin tener que hacerlo en el hall ya al inicio de s encierro «pero no se nos dio, ni siquiera se nos recibió», critica García.Frente a esa insalubridad que niega «porque limpiábamos tres veces al día», saca fotografías de lo que sí considera insalubre en el centro «hay grietas que sirven de ceniceros, goteras en el techo, empapadores para recoger las humedades de las paredes… Esto es lo que mantiene el gerente», critica García.
Por su parte, otro de los exencerrados, Miguel Marabel lamenta que el gerente esté tratando el centro hospitalario como propio «desde el desalojo hemos perdido un poco más de democracia todos», apunta y lamenta esa actitud de un gestor de un edificio público.Aun así, reconocen que el desalojo fue pacífico y consideran que la lucha a lo largo de los dos meses que han pernoctado en el centro ha sido fructífera, al menos para convertirse en portavoces de las reclamaciones de los usuarios que aseguran que seguirán recogiendo desde un correo electrónico (uspbierzoylaciana@gmail.com) y que mantendrán activas las medidas de protesta de esa manera.
En estos 58 días han recogido quejas para enviar al Procurador del Común, que ya ha dado trámite a alguna de ellas relacionada con la carencia de personal. También guardan los post it que se colocaron en los que dieron en llamar «muros de la vergüenza» -las columnas del hall en el que se encontraban, con quejas de los usuarios. Hasta 400 atesoran y esperan continuar luchando para darles solución a cada uno de ellos. Mientras los manifestantes estaban a las puertas del centro hospitalario, efectivos de la Policía Nacional no cesaron de vigilar sus movimientos, con el fin de evitar un nuevo encierro, aunque aseguran que esa no era su intención. Los manifestantes no reprocharon ninguna ausencia ni formularon críticas hacia otros colectivos que no les han apoyado durante su encierro, como la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública.
Mareas Blancas pide que se investigue la actuación de la Junta en el desalojo
La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León y la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas ha pedido que se investigue la actuación de la Junta de Castilla y León en cuando al desalojo de los encerrados del centro hospitalario al tiempo que manifiestan su apoyo a los encerrados y condenan «esta forma de proceder ante una petición de diálogo para solventar los problemas graves de asistencia sanitaria que están aconteciendo en esa comarca, y que afectan a un derecho tan fundamental como es el derecho a la salud, derecho presente tanto en la Declaración Internacional de Derechos Humanos como en nuestra propia Constitución», apuntan.
Consideran que ante una petición de diálogo como era la de los encerrados al consejero de Sanidad, para hablar de las mejoras del centro no se debe responder «con una acción policial, a todas luces desproporcionada, innecesaria e ineficaz, ya que ello en ningún caso va a solucionar el problema asistencial sanitario que padecen esos ciudadanos y ciudadanas. Este tipo de actuaciones nos retrotrae a tiempos que creíamos pasado».