Más de 1.500 personas salieron este sábado a las calles de León para reclamar que la vivienda deje de ser un "negocio" y se garantice como un derecho. Fue en el marco de la segunda manifestación convocada por la Asamblea Vivienda León y respaldada, entre otras organizaciones, por UGT y Comisiones Obreras.
La marcha partió a mediodía desde la plaza de Guzmán en dirección a la plaza de San Marcelo. La lluvia hizo acto de presencia durante el recorrido, aunque no impidió que los participantes mantuvieran sus reivindicaciones entre pancartas, paraguas y consignas contra la especulación inmobiliaria. "Rentistas culpables, gobiernos responsables", "contra la especulación, expropiación", "no toleramos ni un desahucio más" o "fuera buitres de nuestros barrios" fueron algunos de los lemas que se escucharon durante una movilización que quiso trasladar a las calles de León el malestar por las crecientes dificultades para acceder a una vivienda.
La convocatoria llevaba por lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' y puso especialmente el foco en jóvenes y trabajadores que, pese a disponer de ingresos, encuentran cada vez más complicado afrontar un alquiler o emanciparse. El manifiesto de la Asamblea Vivienda León partió del caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que había vivido durante más de siete décadas, como símbolo de una situación que, a juicio de los convocantes, demuestra que disponer de una vivienda adecuada sigue dependiendo en demasiados casos de la capacidad económica de cada persona.
Desde la organización denunciaron que la vivienda "funciona como una mercancía", con casas que se compran, se venden y se alquilan para obtener beneficios mientras parte de la población encuentra cada vez más obstáculos para acceder a ellas. Entre las consecuencias de este modelo citaron los desahucios, el endeudamiento, la emancipación cada vez más tardía y el elevado porcentaje del salario que muchas familias y jóvenes tienen que destinar al pago de un techo.
La situación de los jóvenes tuvo un protagonismo especial. Según expuso la asamblea en su manifiesto, dos de cada tres jóvenes en León destinan más del 40% de su salario al alquiler, una circunstancia que vinculó con el aumento de los precios y con unos sueldos que, a su juicio, no han evolucionado al mismo ritmo.
El colectivo relacionó además el problema de la vivienda con la despoblación de la provincia, al considerar que existe la paradoja de contar con numerosas viviendas vacías en determinadas zonas mientras siguen existiendo dificultades para encontrar alojamientos asequibles. Por ello, reclamó tanto la movilización como la rehabilitación de inmuebles desocupados.
El manifiesto dirigió también buena parte de sus críticas hacia las administraciones públicas. En el caso de la Junta de Castilla y León, la asamblea denunció lo que calificó como "inacción, dejadez y boicot ideológico" a determinadas herramientas previstas en la Ley Estatal de Vivienda. Entre sus reivindicaciones figuraron la declaración de zonas tensionadas donde corresponda, un mayor control sobre los pisos turísticos, actuaciones frente a la especulación y una ampliación del parque público de vivienda social.
Los convocantes rechazaron asimismo que el problema pueda resolverse simplemente construyendo más casas. En su argumentación, mientras la vivienda continúe funcionando principalmente como una mercancía, aumentar la oferta no garantiza por sí solo que esas viviendas sean accesibles. La asamblea puso así el foco también en quién posee los inmuebles, quién obtiene beneficios de ellos y qué parte de los ingresos de los hogares termina destinada al alquiler o a una hipoteca.
La manifestación se produjo además un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos reales decretos ley sobre vivienda aprobados por el Gobierno. El primero, que incluía medidas relativas a desahucios de personas vulnerables y prórrogas de contratos de alquiler, cayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN; el segundo, relativo a la renovación de contratos de alquiler, también fue rechazado, en este caso con el voto contrario además de PNV y Coalición Canaria.
Ese contexto político tuvo también presencia en la protesta. La asamblea llamó en su manifiesto a "seguir escalando la lucha" para avanzar hacia lo que define como una "desmercantilización" de la vivienda y su reconocimiento efectivo como un derecho fundamental. El texto concluyó con un llamamiento a la organización colectiva y a sumarse a la propia asamblea de Vivienda de León bajo la idea de que, "si el problema es colectivo, la respuesta también tiene que serlo".
El secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, calificó el acceso a la vivienda como un problema "gravísimo" que, en su opinión, ha dejado de ser exclusivamente inmobiliario para convertirse en "un problema laboral y social de la clase trabajadora". "De poco sirve tener un salario digno cuando no puedes tener acceso a una vivienda", señaló Reguero antes de considerar que la situación debería llevar a las distintas fuerzas políticas a buscar acuerdos para impulsar una legislación que proteja a la ciudadanía.
El responsable de UGT reclamó un incremento del parque público de vivienda en la provincia, así como sacar al mercado inmuebles vacíos y rehabilitar aquellos que lo necesiten, especialmente en zonas afectadas por la despoblación. Además, Reguero defendió igualmente que el coste de la vivienda comience a tenerse en cuenta dentro de la negociación colectiva. A su juicio, la cuestión habitacional se encuentra ya tan vinculada a las condiciones laborales y salariales que "tiene que entrar" en ese ámbito de negociación.
Por su parte, la secretaria provincial de Comisiones Obreras, Elena Blasco, aseguró que el sindicato respaldará "todas las manifestaciones que sean necesarias a favor de una vivienda digna" y relacionó directamente el problema habitacional con el trabajo decente y la pobreza.
Blasco criticó el rechazo parlamentario de los decretos aprobados por el Gobierno de España y señaló expresamente a Junts, PP y Vox. La dirigente sindical sostuvo que, aunque consideraba aquellas medidas "de mínimos", podían haber servido para comenzar a abordar problemas relacionados con el aumento de los alquileres, los pisos turísticos, el alquiler por habitaciones y la presencia de grandes fondos en el mercado inmobiliario.
La responsable de CCOO insistió finalmente en que "la vivienda no es un negocio" y defendieron que el bienestar y los derechos colectivos deben prevalecer sobre el beneficio económico. "Es un derecho constitucional", afirmó Blasco, quien reclamó "una vivienda digna para todo el mundo".
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