León registró 524 quejas ante el Procurador del Común, el 23,75% del total, según los datos recogidos en la intervneción del propio Tomás Quintana López. La provincia se situó así por delante de Valladolid, Burgos, Palencia, Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora y Soria.
El informe recoge varias actuaciones con incidencia directa en la provincia, tanto en la capital como en distintos municipios leoneses. Entre las quejas múltiples destaca la presentada por 2.962 personas contra el proyecto de instalación de una planta de generación de energía térmica con biomasa en el barrio leonés de La Lastra, dentro del complejo de energías renovables vinculado a la red de calor sostenible de León.
Esta queja fue archivada al constatarse la interposición de recursos contencioso-administrativos contra la declaración del Proyecto de Interés Regional y contra la autorización ambiental, lo que impedía al Procurador del Común continuar con su tramitación ordinaria.
También tuvo especial relevancia la queja múltiple firmada por 476 personas sobre la prestación del servicio de pediatría en el Centro de Salud de Cistierna. En el ámbito rural se cita además una reclamación relativa a la solicitud de reapertura de consultorios locales, concretamente en Villamol, dentro de las actuaciones sobre la garantía de servicios públicos básicos en el medio rural en condiciones de igualdad respecto a las áreas urbanas.
Castrocalbón aparece de forma reiterada en el documento. En el área de Administración Local se registraron tres quejas múltiples contra su Ayuntamiento, cada una suscrita por 12 personas. Las reclamaciones se referían a la publicación de las cuentas municipales de 2024, a la solicitud de una asamblea informativa sobre la gestión del incendio forestal de agosto y a la inoperatividad de hidrantes y otros medios municipales contra incendios.
A estas actuaciones se suman otra queja múltiple, también de 12 personas, por la falta de limpieza de fincas y solares en Castrocalbón, una reclamación sobre la actuación municipal durante el incendio forestal que afectó al municipio y otra relativa al estado de tramitación del plan de emergencias ante incendios forestales.
En materia de prevención y extinción de incendios, el Procurador del Común dirigió resoluciones a todas las diputaciones provinciales salvo Valladolid. En ellas recomendó culminar las redes provinciales de parques, avanzar en la profesionalización de las plantillas, garantizar guardias presenciales y reforzar la coordinación de los servicios. Las resoluciones fueron aceptadas salvo por Burgos y Zamora, por lo que la Diputación de León figura entre las instituciones que asumieron las recomendaciones.
La ciudad de León aparece también en varias resoluciones vinculadas a servicios municipales y seguridad. Una de ellas se dirigió al Ayuntamiento por el funcionamiento de un centro de deporte y ocio, con el objetivo de garantizar una oferta adecuada de actividades, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias conformes a los pliegos de la concesión. El Consistorio aceptó la resolución.
Otra actuación abordó el funcionamiento de un semáforo en un paso de peatones situado frente a la estación de Adif en León. Aunque se constató que funcionaba correctamente, el Procurador propuso mejoras para reforzar la seguridad, especialmente para personas con discapacidad visual o auditiva. La resolución fue aceptada.
También en la capital se tramitó una queja por la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos por aceras y zonas peatonales. La institución pidió al Ayuntamiento que hiciera cumplir la ordenanza municipal mediante campañas informativas, señalización, vigilancia policial y sanciones cuando procediera. El Ayuntamiento de León aceptó la resolución.
En el ámbito de la industria y el suministro eléctrico, el informe menciona una queja por la falta de retirada de elementos de alumbrado público instalados en la fachada de una vivienda en una localidad de la provincia, pese a estar soterrado el cableado. La resolución fue igualmente aceptada.
Las actuaciones en materia de discapacidad y accesibilidad también afectaron a administraciones leonesas. El Procurador formuló recomendaciones al Ayuntamiento de León y a todas las diputaciones provinciales salvo Valladolid para cumplir la reserva de cupo en procesos de promoción interna para personas con discapacidad. Las administraciones leonesas afectadas aceptaron la recomendación.
Además, se dirigieron resoluciones a los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos León y Ponferrada, para crear las plazas de aparcamiento necesarias para personas con movilidad reducida y cumplir las ratios legales. Todos los ayuntamientos aceptaron.
En cambio, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo rechazó una resolución formulada dentro de una actuación de oficio dirigida a municipios de más de 20.000 habitantes para adaptar los aseos públicos a personas con movilidad reducida y ostomizadas.
El documento recoge asimismo actuaciones de alcance autonómico o supramunicipal con posible incidencia en León, aunque sin desglose provincial específico. Es el caso de las resoluciones sobre venta de alcohol y botellón dirigidas a 16 ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, aceptadas por todos salvo Segovia, o las relativas a locales comerciales abandonados, aceptadas con carácter general salvo por Segovia y Soria.
También se mencionan episodios de contaminación del agua potable en pequeños municipios de todas las provincias, con 98 expedientes de oficio, aunque el seguimiento específico a diputaciones se centró en Burgos, Salamanca, Soria, Segovia y Valladolid, sin una individualización concreta de León.
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