Fernández aseguró que buena parte de la Comunidad se encuentra en una situación de “emergencia social” a la que se ha llegado tras un “cuarto de siglo de ineficacia y de clientelismo político” y que se resume en paro, pobreza y despoblación, dijo. Así, resaltó que 90.000 castellanos y leoneses sufren pobreza severa y más de medio millón están en riesgos de exclusión social.
El portavoz de Podemos también argumentó que una de las causas de esta grave situación ha sido la corrupción que “ha campado por toda la Comunidad” y contra la que reclamó transparencia y la eliminación de la “la administración paralela formada por empresas y fundaciones públicas, que se han convertido en un entramado opaco y de cortijo, por donde se escapa nuestro dinero y se secuestran las decisiones de la ciudadanía”.
En este sentido, también reclamó una apuesta por lo público y por los funcionarios y un “adelgazamiento” de los altos cargos, “para que del puesto de director general para abajo sean funcionarios públicos”. “El objetivo no es otro que adelgazar la administración por arriba, acabando con los dedazos y las libres designaciones y confiando en los funcionarios”.
Auditoría
Además, Fernández insistió en que su grupo solicitará una auditoría para analizar la “administración paralela” y un estudio para “suprimir las estructuras innecesarias”, a la vez que denunció un “trasiego de privilegiados que pasan de un cargo a otro como si fuera el juego de la oca, metiendo el dedo porque les toca”. Por otro lado, también acusó a PP y PSOE de “dar la espalda a la voluntad popular de cambio que representamos, dejándonos fuera de la Mesa de las Cortes y demostrando que están interesados en que nadie cambie”.
Otra de las reclamaciones de Fernández fue la aprobación de una ley autonómica que permita la renegociación de las deudas hipotecarias, de los autónomos y de las pymes. Así, aseguró que invertir recursos públicos en la dignidad de las personas no “solo es una obligación moral que se viene incumpliendo sistemáticamente, sino que es la verdadera recuperación de la economía”. Al mismo tiempo, argumentó que el rescate ciudadano también pasa por el recuperación de los servicios públicos y criticó con dureza el hospital de Burgos, asegurando que es el mayor exponente del “derroche de recursos públicos a favor de intereses privados”.
Fernández, que confirmó que su grupo votará en contra de la investidura de Herrera, también planteó la necesidad de cambiar el modelo productivo, de apoyar a los agricultores a título principal, de apostar por la investigación y desarrollo y de poner en marcha una “revolución verde” sostenida en las fuentes de energía limpia y el respeto al medio ambiente, y “colocando a nuestras universidades y centros de investigación a la vanguardia de Europa”.