Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó que “los parques eólicos de más de 70 megavatios no son competencia de la Junta de Castilla y León, sino de la administración general del Estado”, pero afirmó que el gobierno autonómico “tendrá que emitir informes de impacto ambiental” de los proyectos.
“Para evaluar el impacto ambiental somos muy rigurosos para que ningún proyecto tenga afeccione negativas para la red natural, la Red Natura 2000”, por lo que pidió “confianza en las administraciones” porque “para dar el visto bueno habrá que asegurar que no afecte a intereses ambientales, patrimoniales o históricos”.
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