El Consejo les reclamaba una cuantía de unos 114.000 euros por haber decidido en un pleno de ese año establecer una serie de variedades mejorantes para elaborar los vinos, decisión que la Junta no procedió a autorizar, por lo que una viticultora denunció, diez años después, que sus vinos quedaran fuera de la DO por contener esos mejorantes aprobados en sesión plenaria –se trataba de merlot, chardonnay, tempranillo y merlot-.
La viticultora berciana sí consiguió el respaldo de los tribunales y se le indemnizó por parte del Consejo Regulador tras su denuncia, pese al recurso del mismo. En ese momento, el ente vinícola decidió denunciar a su aseguradora, Chubb Insurance por no haberse hecho cargo del coste. Esta reconocíahacerse cargo solo de los actos de los consejeros.
El Consejo Regulador perdió el caso en primera instancia y recurrió a la Audiencia Provincial de León que resolvió que el Juzgado Mercantil no es competente en el caso.
El tribunal dice expresamente que los argumentos esgrimidos por el Consejo se centran en “la posibilidad de acumular la acción ejercitada contra la entidad aseguradora a la acción principal de responsabilidad de los miembros del Consejo Regulador que tendría que ser atribuida al Juzgado Mercantil”, pero no tiene competencias, argumenta, al respecto. "Carece de fundamento este motivo de recurso que solicita la declaración de competencia para resolver sobre una acción acumulada a la principal sobre la que no se discute que el Juzgado Mercantil no es incompetente. No existe responsabilidad de administradores como acción principal ni criterio de competencia", explica.
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