La Junta de Castilla y León recibió en 2024 un total de 590 solicitudes de acceso a información pública, según los datos de la memoria del Comisionado de la Transparencia, instancia independiente que pertenece orgánicamente a las Cortes de Castilla y León, y que se dan a conocer con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora mañana, 28 de septiembre.
Según esta memoria, de esas 590 solicitudes, solo cuatro de ellas fueron desestimadas, mientras que 433 se resolvieron de forma satisfactoria para el solicitante, ofreciendo al interesado toda la información que la Administración autonómica posee sobre el tema objeto de consulta.
De las 143 solicitudes restantes, 58 resultaron inadmitidas por diferentes razones, como por solicitar información que no es realmente pública, o por obligar a una reelaboración de información a partir de otros datos que daría lugar a documentos no originales.
El resto de las solicitudes fueron derivadas a otras administraciones públicas por el carácter de la información solicitada, o fueron reconducidas a otro procedimiento administrativo, o terminaron con el desistimiento del solicitante.
Además, se destaca que por segundo año consecutivo, el número de solicitudes de acceso a información pública dirigidas a la Junta se ha reducido, pasando de 832 en 2022 y de 728 en 2023 a las 590 de 2024. Los motivos de esta reducción son varios, como el incremento de contenidos publicados en los portales de Gobierno Abierto, Transparencia y Datos Abiertos, y también a la “mejor y más eficaz gestión” de las solicitudes recibidas.
Para ello, la Consejería de la Presidencia profundiza en la formación de los empleados públicos de las delegaciones territoriales de la Junta, quienes “deben identificar y calificar las solicitudes de acceso a la información pública cuando se realizan de forma presencial”, antes de remitirlas al centro directivo correspondiente. Gracias a esta formación, dichos empleados son capaces de saber a quién y cómo deben derivar las peticiones de información, o cuáles son los límites legales en torno a la protección de datos personales.
Por su parte, las diputaciones provinciales recibieron 257 solicitudes, y los ayuntamientos, 1.338.
En cuanto a las reclamaciones realizadas por los ciudadanos, cabe destacar que aquellas que se presentan contra las resoluciones de la Administración General de Castilla y León representan menos de un tercio. La memoria también indica que solo 27 fueron estimadas totalmente por la Comisión de Transparencia, y otras 25 fueron estimadas de manera parcial.
Por su parte, la memoria recoge que las reclamaciones contra las resoluciones de las entidades locales de Castilla y León alcanzan las 350, y representan el 64 % del total. De ellas, 147 fueron estimadas totalmente por la Comisión, y otras 26 fueron estimadas de manera parcial.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, resaltó que “los datos recogidos en la memoria del Comisionado de la Transparencia permiten seguir mejorando el acceso a la información pública, ajustando nuestros procedimientos y reforzando la formación del personal para responder con eficacia.” “Este compromiso continuo es clave para consolidar una administración más abierta, cercana y preparada para atender las necesidades de la ciudadanía”, incidió.
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información es una jornada dedicada a reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública, clave para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
La Junta facilita toda esa información a través de los portales de Transparencia y de Datos Abiertos en la web o mediante solicitudes específicas, y considera “esencial” atender con rapidez y rigor estas solicitudes, ya que la transparencia y el acceso a datos públicos son pilares de una administración moderna. “Facilitar esta información fortalece la confianza en las instituciones y promueve una gestión más abierta, responsable y alineada con las demandas ciudadanas”, dice el consejero.