Castilla y León ha puesto en marcha oficialmente la campaña de lucha contra incendios forestales para el verano de 2025, con un operativo compuesto por 4.720 efectivos y un despliegue que, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, será “el más potente, estructurado y tecnológico que nunca ha tenido la comunidad”.
La campaña se activará en su máximo nivel entre el 12 de junio y el 12 de octubre, aunque este periodo podría ampliarse si las condiciones meteorológicas lo exigen. Se prevé un verano con temperaturas por encima de la media y precipitaciones normales, un escenario que eleva significativamente el riesgo de grandes incendios forestales.
Durante la presentación del operativo en el Centro para la Defensa contra el Fuego, en León, Suárez-Quiñones destacó que el dispositivo está activo los 365 días del año, con personal presente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Está coordinado por diez centros de mando, uno autonómico y nueve provinciales, y más del 71 % de los efectivos son personal público.
El consejero subrayó la evolución del sistema de prevención y extinción en los últimos años, gracias al impulso del Diálogo Social de 2022 y a una inversión de 150 millones de euros entre 2023 y 2024, en buena parte financiada con fondos europeos. Estas inversiones han permitido renovar el 90 % de la flota de autobombas, así como modernizar el equipamiento del personal, que ahora cuenta con tablets y teléfonos conectados a emisoras, mejorando la coordinación sobre el terreno.
Entre las novedades tecnológicas más destacadas está la plataforma satelital de seguimiento de incendios, implementadas gracias al proyecto europeo RetechFOR, en colaboración con las Islas Canarias. Castilla y León recibe 16 de los 21 millones de euros destinados a esta herramienta, que ofrece datos en tiempo real sobre perímetros, energía calorífica y evolución del fuego, facilitando la toma de decisiones tácticas y estratégicas.
En cuanto a los medios aéreos, la comunidad dispondrá de 33 aeronaves estacionadas, de las cuales 23 pertenecen directamente a la Junta. También se están ampliando las bases de estos medios y mejorando las infraestructuras para su despliegue. La red de videovigilancia forestal, por su parte, crecerá de 102 a 160 cámaras a finales de 2025, y se espera que alcance las 205 en 2026. En León, actualmente presentes en la comarca del Bierzo, estas cámaras se extenderán a nuevas áreas.
Críticas sindicales por incumplimientos y falta de medios
Sin embargo, la presentación del operativo estuvo marcada por la protesta convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) frente al propio Centro del Fuego. La concentración, respaldada por trabajadores del sector, denunció incumplimientos por parte de la Junta y una situación de precariedad laboral y falta de medios.
El presidente del sector autonómico de Administración General de CSIF y bombero forestal, Agustín Angulo, denunció que parte del acuerdo alcanzado en 2022 con la Junta sigue sin aplicarse. “Una de las medidas estrella era que los trabajadores del operativo trabajaran los 12 meses del año, y eso aún no se ha cumplido. Siguen con contratos precarios, muchos encadenando años de trabajo para luego ser despedidos”, lamentó.
Angulo también señaló que, en las negociaciones del borrador del decreto de guardias, la administración se ha mostrado inflexible: “Nos decían que no sistemáticamente a todo”. A su juicio, falta personal, planificación y recursos, y “quien lo sufre es la ciudadanía de las zonas rurales de Castilla y León”.
En la misma línea, la agente medioambiental y delegada de CSIF, Sara Mateos, denunció que el colectivo trabaja en una situación de inseguridad jurídica, sin una normativa autonómica clara: “Necesitamos una Ley de Cuerpo de Agentes Medioambientales, y no entendemos por qué la Junta se opone”, afirmó.
Mateos también criticó el borrador del decreto de guardias propuesto por la Consejería, que considera “ridículo”, al prever que un único agente cubra cientos de kilómetros ante un posible incendio. “Lo más importante es una rápida actuación. Si se tarda horas en llegar, el fuego ya está fuera de control”, advirtió.
Añadió que “la consecuencia es que Castilla y León será un territorio más inseguro, más vulnerable ante una catástrofe”. Calificó el modelo de operativo como “mirar al cielo, esperando que llueva, y si se lía, ya veremos cómo lo solucionamos”, lo que consideró una falta de respeto y responsabilidad hacia los profesionales del operativo y hacia la ciudadanía.
700 municipios en riesgo y llamada a la responsabilidad
Por otro lado, Suárez-Quiñones recordó que Castilla y León cuenta con 700 municipios clasificados como de alto riesgo por Protección Civil, lo que implica la obligación de contar con un plan de actuación frente a incendios forestales. En el caso concreto de la provincia de León, se estima que hay alrededor de 100 municipios en esta categoría, los cuales también deben disponer de su correspondiente plan de actuación.
La Junta de Castilla y León colabora con los ayuntamientos para que estos cuenten con una guía rápida de respuesta y, en aquellos municipios incluidos en el nuevo sistema INFOCAL, con un plan local completo frente a incendios forestales.
El consejero concluyó haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva: “El 92 % de los incendios son evitables y están provocados por acción humana directa o indirecta”. Reiteró que la seguridad de las personas y de las zonas habitadas es la “prioridad número uno” del operativo.