El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66).
La Junta de Castilla y León considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato, dando lugar, en la práctica, a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario.
El acuerdo permitirá instar la revisión de oficio del citado Real decreto, como paso previo a la vía judicial, con el objetivo de conseguir la supresión definitiva del peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la comunidad.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que el Gobierno autonómico consideró que esta modificación introdujo "cambios sustanciales" en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato lo que dio lugar "a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario".
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