Izquierda Unida ha acordado presentar, en todos los plenos municipales donde tiene presencia en Castilla y León, una moción para proteger el derecho a la vivienda. En ella propone a los municipios que insten a la Junta de Castilla y León a blindar las viviendas de protección oficial, garantizar que estas sean públicas y en régimen de alquiler y suscribir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Entre las medidas en favor de una política de vivienda, Izquierda Unida señala las Viviendas de Protección Oficial como un “elemento fundamental”. Así lo afirma en el escrito de moción que la organización presentará en todos los plenos municipales en los que tiene presencia. IU señala como objetivos urgentes “evitar la descalificación de las viviendas protegidas” y la construcción de “un amplio parque de vivienda asequible”.
Izquierda Unida apunta en su escrito que el precio del metro cuadrado habría subido en Castilla y León un 40% en los últimos cuatro años y el del alquiler un 9% en el último año. La organización denuncia que el esfuerzo de los hogares para pagar el alquiler en la Comunidad supere el 36% de los ingresos familiares en algunas áreas. En la promoción de medidas que combatan estos porcentajes, IU señala que “tanto la administración local como la del Estado juegan un papel importante”. Y pone el ejemplo de otras Comunidades Autónomas como País Vasco, Navarra o Cataluña que “hace décadas” que defienden el blindaje de las Viviendas de Protección Oficial.
En favor de esta colaboración entre las instituciones públicas, la organización promoverá en los plenos municipales en los que tiene presencia que se inste a la Junta de Castilla y León a proteger la vivienda. La organización plantea el apoyo de las corporaciones a la modificación de la Ley 9/2010 del Derecho a la Vivienda en Castilla y León. El objetivo sería “garantizar el carácter permanente de la calificación protegida en las viviendas que hayan sido objeto de ayudas públicas” para impedir su “descalificación automática”.
La organización también insta al equipo de Gobierno municipal y a la Junta a que las viviendas protegidas que se proyecten sean públicas y en régimen de alquiler “para evitar fines especulativos”. Por último, insta a la Junta a suscribir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Izquierda Unida buscaría con estos acuerdos “fomentar la construcción de un amplio parque de vivienda asequible”. Estas medidas permitirían que las viviendas protegidas permanecieran dentro de un circuito de vivienda regulada para que sean “hoy y siempre” vivienda protegida y pública.