En su escrito de denuncia señalan que tres años después de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, Gersul no haya actualizado sus estatutos. Asimismo, sostienen que se ha venido dificultando el acceso a la contabilidad «y le niegan el estado del cuentas al interventor del consorcio que ha emitido informes negativos este tiempo», que no se cumple con la celebración de las asambleas establecidas, que el último presupuesto aprobado es el de 2016 y que el oscurantismo en las cuentas deriva en que se desconozca tanto la situación económica real de Gersul como la cuantía de los derechos prescritos y el importe real de la deuda. Un falta de transparencia que, a juicio de IU, han tratado de encubrir con una subida de tasas a los ciudadanos. Además, advirtieron que además de una mala gestión económica tampoco se está haciendo bien el tratamiento de residuos, por lo que auguran multas a partir del año 2020.
Por ello, desde la formación piden que se tomen las medidas oportunas contra Calvo y todas las personas que puedan tener relación «con esta dejadez de funciones y en estos presuntos delitos que se han cometido».
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