Ante las dificultades que plantea a los ayuntamientos, y especialmente a los de menor tamaño, el cumplimiento de las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas instando a la Junta a impulsar medidas para auxiliar a los ayuntamientos para el cumplimiento de dichas responsabilidades.
De este modo, desde UPL piden a la Junta, en primer lugar, que ponga en marcha algún tipo de órgano que permita la recogida de animales extraviados y abandonados, la recogida y atención veterinaria de estos animales, su alojamiento en centros de protección animal o el control poblacional no letal de la fauna urbana a que hace referencia el artículo 22 de dicha ley.
En este aspecto, si bien el artículo 22.4 de la Ley 7/2023 apunta que la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlos debido a situaciones de vulnerabilidad «en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, corresponde a la Administración local», los leonesistas recuerdan que dicho artículo también recoge que puede corresponder «subsidiariamente, a la autonómica».
Por ello, desde UPL piden a la Junta que asuma dichas responsabilidades de forma subsidiaria ante la dificultad que supone para los ayuntamientos, y especialmente para los de pequeño tamaño, sobre los que recuerda «su escasez de medios personales, técnicos y económicos» para poder cumplir con las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023, derivadas a los ayuntamientos en los casos de ausencia de normativa propia de la comunidad autónoma.
Precisamente sobre la falta de normativa en la comunidad de Castilla y León sobre esta cuestión, desde Unión del Pueblo Leonés reclaman a la Junta que impulse «una legislación autonómica específica que permita derivar a las Diputaciones las responsabilidades que la Ley 7/2023 impone a los ayuntamientos en el artículo 22.1», en el que recuerdan que también se recoge que «en los términos que establezca la legislación autonómica, podrá derivarse esta responsabilidad a las agrupaciones de municipios, o, en su caso, a las diputaciones provinciales».
Y es que, según apuntan desde UPL, el hecho de que tanto las Diputaciones como la Junta pudiesen asumir las responsabilidades en este caso, redundaría en beneficio tanto de los derechos de los propios animales como de los ayuntamientos, al facilitar la ejecución de dichas funciones de recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en centros de protección animal como manda la ley.