Con esta decisión, la compañía busca ganar tiempo para decidir si acomete las costosas inversiones en desnitrificadoras para poder cumplir con los límites de la Directiva de Emisiones Industriales. El coste que se calcula para dotar -en principio a los grupos 3, 4 y 5- de este sistema para reducir las emisiones contaminantes se ha estimado en unos 200 millones de euros.
Al rechazar el sometimiento a la denominada «exención de vida útil limitada» para sus centrales -aquí no sólo se incluiría Compostilla; sino también As Pontes, en A Coruña, y Andorra, en Teruel- la empresa asegura que tiene el objetivo de «garantizar el funcionamiento de las plantas». También de ver si se produce «una clarificación del escenario económico y normativo», que es el que llevará a la compañía a tomar la decisión final sobre estas inversiones en sistemas para cumplir con la directiva europea sobre emisiones. Estas inversiones, recuerdan desde Endesa, tendrían que estar listas en todo caso antes del 30 de junio del 2020.
Endesa ya ha comunicado esta decisión al Ministerio de Industria y Energía, además de al Ministerio de Medio Ambiente, así como a las consejerías de estas áreas de las comunidades autónomas en las que se sitúan estas centrales térmicas de carbón.
Las plantas se mantienen por tanto en el Plan Nacional Transitorio y de esta forma «no se limita la operación de las instalaciones a un número fijo de horas», destacan desde Endesa.
«La compañía evita así que estas centrales queden sujetas al escenario que resultaría más restrictivo y opta por una posición prudente, que no compromete el futuro de estas instalaciones y que no supone en ningún caso decisión alguna sobre su cierre», explican desde la dirección de Endesa.
Doble lectura
Los trabajadores de Compostilla recibían este lunes con cierto escepticismo el anuncio de Endesa. Desde el comité de empresa se advertía de que esa decisión de abandonar el límite de vida útil de 17.500 horas, aunque anunciada como positiva para la continuidad de la central, tiene una doble lectura. «Seguimos preocupados, porque aunque parece decir que Compostilla no cerrará en 2023 con el límite de 17.500 horas, a lo mejor el cierre se adelanta tres años, a 2020, si no están hechas las inversiones», exponía el presidente del comité de empresa de Compostilla, Juan Sobredo.
Los trabajadores insisten en que lo importante es que Endesa garantice que se realizarán las inversiones en las desnitrificadoras y piden que se especifique en qué grupos se acometerán en caso de llevarse a cabo. Ese compromiso sería el que garantizaría el futuro de la planta, pero no ha sido adoptado aún por Endesa.
«Creemos que esto se hace para que pasen las elecciones sin barullos, para dar tranquilidad. Pero la empresa no dice ni si va a hacer las inversiones, ni en qué grupos ni cuándo. Así que no tenemos nada claro hasta que no digan si se harán esas inversiones y de cuánto serán. Quieren hacer ver que es algo bueno y ojalá no tenga la lectura que nosotros sacamos. También queda pendiente el tema del carbón», añade Sobredo.