El dictamen judicial avala la pena de dos años de prisión por el primer delito con intimidación, tres años y seis meses por el segundo y el tercero y cuatro más por la detención ilegal y establece como máximo de cumplimiento efectivo de la condena del acusado un total de 12 años de cárcel.
El individuo, que con anterioridad cumplió varias penas de cárcel por la comisión de diversos delitos, deberá abonar las costas del proceso.
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